Mientras en las cárceles del país los casos de coronavirus siguen aumentando, la Ley de Amnistía que impulsó el gobierno federal para despresurizar prisiones y evitar contagios se ha estancado, porque no hay una comisión que reciba y revise las solicitudes de liberación.

La Ley de Amnistía fue publicada el 22 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF); sin embargo, para que funcione es necesario que el Ejecutivo federal conforme una comisión especial que vigile y dé cumplimiento a la normativa.

Hasta ayer, 31 días hábiles después de la publicación en el DOF, eso no había ocurrido. Aunado a esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene 342 casos confirmados de Covid-19 en 38 prisiones, un problema que está creciendo en las últimas dos semanas, confirmó el organismo, y en promedio se registran 16 contagios diarios.

Uno de los argumentos con los que Morena logró que se aprobara la Ley de Amnistía en el Senado fue la liberación de personas ante el Covid-19, ya que las cárceles podrían ser un foco de contagio al haber hacinamiento o sobrepoblación. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), incluso calificó la legislación como un acto humanitario.

Casi dos meses después, expertos en sistemas penitenciarios consultados urgieron a las autoridades a hacer funcionar la ley, pues las cifras de la CNDH indican que los casos de Covid-19 en cárceles podrían seguir al alza.

“Nos urge que nombren esa comisión y no sólo a nosotras, sino a todos los organismos internacionales, porque esto ayudaría a despresurizar las prisiones y con esto evitar las contagios”, dijo Isabel Erreguerena, coordinadora del Área de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres.

Esta ONG, que ha documentado cómo mujeres en vulnerabilidad son detenidas por participar en delitos contra la salud, calcula que la Ley de Amnistía podría beneficiar a alrededor de 4 mil 600 personas, de las cuales 600 son mujeres.

Erreguerena admitió que desde Equis Justicia esperaban que esta normativa se ejecutara rápido para evitar contagios en las prisiones: “Pensábamos que, al haber sido aprobada en el contexto del Covid-19, esto iba a ayudar a acelerar la aplicación, pero al contrario, no hemos tenido un proceso transparente, es decir, ni siquiera se han hecho pronunciamientos públicos para dar seguimiento a la comisión”.

Según la CNDH, hasta el momento el coronavirus se ha extendido a las prisiones de 17 estados de la República y aún tiene otros 163 casos sospechosos por confirmar.

Jalisco es la entidad más afectada, con 99 contagios; después Puebla, con 90, y la Ciudad de México, con 55.

José Luis Gutiérrez, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), no duda que la pandemia hizo más fácil la aprobación de la Ley de Amnistía que estaba atorada en el Senado desde diciembre, y aunque en su momento aplaudió la decisión del Congreso, ahora pide su aplicación.

“Esta propuesta se congeló desde diciembre, si se hubiera impulsado desde ese momento hoy ya podríamos hablar de las libertades por amnistía. Decir que con esta ley se iba a despresurizar el sistema penitenciario no fue lo adecuado, porque no es así; sin embargo, sí es una norma necesaria, no puede ser letra muerta y debe aplicarse ya”, subrayó.

Las organizaciones sociales tienen identificadas iniciativas de leyes de amnistía, o al menos se ha discutido sobre el tema en la Ciudad y el Estado de México, San Luis Potosí, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca y Baja California.

La aprobación de leyes de amnistía en los estados es fundamental para despresurizar aún más las cárceles, pues la ley que se aprobó en el Congreso sólo puede tener efectos sobre delitos del fuero federal y no otros del fuero común.

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