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El Estado de derecho durante la administración del presidente Andrés Manuel López no ha avanzado, está “estancado”, con retrocesos en el combate a la corrupción y un debilitamiento de contrapesos no gubernamentales como la sociedad civil y la prensa, alertó el World Justice Project (WJP).
En la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, la organización evidenció que desde 2018 los estados del país no registran avances sustanciales de apego al Estado de derecho, en factores como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
“La tendencia general es: México está estancado en Estado de derecho, no avanza y desde hace tres años hemos visto con preocupación que los contrapesos no gubernamentales, que son sociedad civil, prensa y partidos políticos, han ido decreciendo”, sentenció Eréndira González Portillo, integrante del equipo de investigación del WJP.
De acuerdo con el reporte, que se presentará hoy en la capital del país, la calificación promedio de las 32 entidades es de 0.4 en una escala de cero al uno, donde uno representa una adhesión máxima al Estado de derecho, que se manifiesta en acceso a la salud, trato igualitario, acceso a la justicia, seguridad pública, o derecho a la libre expresión.
“Todos los estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea, y tienen desafíos para alcanzar un Estado de derecho sólido, sobre todo en seguridad y justicia penal”, destacó Alejandro González, director de proyectos de Estado de derecho y de la Oficina de WJP en México.
Los estados que más empeoraron en el rubro en el último año fueron Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo, que presentaron las calificaciones más bajas en algunos de los ocho indicadores que la organización mide anualmente con base en información recabada de encuestas a la población de todo el país y a especialistas en justicia penal, civil, laboral y salud pública.
Destaca que la Ciudad de México, gobernada por la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, es la peor evaluada en ausencia de corrupción, límites al poder gubernamental y justicia penal, mientras que Quintana Roo le sigue en cumplimiento regulatorio y Guerrero en gobierno abierto, según el informe.
En contraste, los tres estados con mejor puntaje son Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes; sin embargo, “los resultados indican que los avances en materia de Estado de derecho son escasos”, dijo González.
Cabe resaltar que es la segunda vez en la cual Querétaro está en primer lugar, mientras Guanajuato subió del tercero y Aguascalientes subió desde el cuarto.
De acuerdo con el informe, la efectividad de la sociedad civil, partidos políticos y prensa para actuar como contrapeso al poder público tiene un puntaje menor en 20 estados. Sólo 11 avanzaron: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.
