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Aunque la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aún no puede ser aplicada porque un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su suspensión, más de 11 mil funcionarios recurrieron al amparo para evitar que les afecte.
En total, el Consejo de la Judicatura Federal contabilizó hasta ayer, 2 mil 489 demandas colectivas, de las cuales, 230 se gestionaron en línea.
Los amparos han sido tramitados por un total de 11 mil 576 quejosos, de los cuales 8 mil 415 son funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), 402 jueces, 540 magistrados, 3 mil 347 secretarios, 745 actuarios y 3 mil 381 oficiales.
Mil 499 promoventes son de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
También hay quejosos del Instituto Nacional Electoral (INE), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Gobernación (Segob) y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Algunos de los inconformes no forman parte de la numeralia del Consejo de la Judicatura Federal porque no han ratificado sus firmas.
La promulgación de la ley de remuneraciones provocó el surgimiento de un intenso conflicto entre el PJF y los otros poderes.
Ante la oposición a que se les aplique dicha ley, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los jueces, magistrados y ministros no pueden seguir ganando 600 mil pesos mensuales.
Sin embargo, de acuerdo con la SCJN, nadie gana tal cantidad.
En sus demandas, los jueces alegaron que si bien el artículo 127 constitucional establece que nadie puede ganar más que el Presidente, el artículo 94 de la Carta Magna establece una prohibición para que a ministros, jueces y magistrados no se les reduzca el salario.
Por lo tanto, intentar reducir los salarios del PJF conforme a la ley federal de remuneraciones, dijeron, resultaría inconstitucional.