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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que en todos los casos denunciados de acoso u hostigamiento sexual en el organismo autónomo, éste ha actuado conforme a la ley.
Pero defendió también el derecho de quien se sienta agraviado, a recurrir a las instancias de justicia.
“Si alguien se siente agraviado, en un Estado de derecho tiene toda la garantía de interponer las denuncias que quiera, ya si proceden o no, ese es un asunto de los tribunales”, planteó sobre la demanda de daño moral contra el INE, interpuesta por dos víctimas de acoso sexual del que acusan al ex director del Secretariado del INE, Jorge Lavoignet, destituido del cargo tras acreditarse su responsabilidad en uno de los casos.
El recurso lo resolverán los tribunales, “el INE ha actuado conforme a la ley, ha atendido todos los casos, ahí están las constancias, se tomaron decisiones en el caso específico, lo demás le tocará decidirlo a los tribunales”, dijo Córdova Vianello.
El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, contra quien desde junio pasado se interpuso denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto encubrimiento, declinó manifestarse sobre el tema.
El UNIVERSAL documentó el caso, que inicialmente comenzó con la denuncia que hizo Karla, quien era subordinada de Lavoignet hasta fines del año pasado.
Por estos hechos se inició una investigación que derivó, en septiembre pasado, en la destitución del ahora ex funcionario del INE, quien sin embargo presentó recurso de inconformidad por la sanción que le fue impuesta, mismo que está en curso.
Tras enterarse de este caso, Margarita, quien laboró en la misma institución en el año de 2012, expresó, primero a través de sus redes sociales, y después sumó su testimonio a la investigación abierta en el INE, pues aseguró haber sido víctima de acoso por el mismo ex funcionario cuando trabajó en ese organismo.
Ambas promovieron la denuncia ante la PGR y una demanda de daño moral contra el instituto tras conocer otro caso, el cual fue denunciado desde 2009.
