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La administración de Jaime Bonilla está preparada para acatar la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el periodo que deberá durar su mandato, independientemente del resultado.
Así lo afirmó el secretario general del gobierno de Baja California, Amador Rodríguez, quien en entrevista con EL UNIVERSAL confirmó que la administración confía en que la resolución será emitida conforme a Derecho.
“Nosotros vamos a respetar cualquier resultado que sea [emitido], aunque pensamos que nuestra versión tiene los elementos suficientes para que sea considerada constitucional”, dijo.
Recordó que la Corte ha reconocido en sus resoluciones la libre configuración de las entidades federativas y que la reforma no viola ningún artículo específico de la Constitución federal.
Reconoció que debido a las distintas resoluciones sobre la convocatoria para elecciones, la jornada electoral fue atípica y confusa para la población de Baja California.
“En dos meses hubo varios cambios, [durante] 10 días [el gobierno] estuvo determinado por dos años. Luego por 10 días el tribunal lo cambió a cinco años.
“Fue la época en la que el gobernador se registró. Luego viene otra resolución y su registro se lo dan por dos años, él impugna y se lo dan por seis. En una resolución, el tribunal federal, dos días antes de la elección, lo cambia por dos años. No hubo suficiente tiempo para que la gente supiera el periodo”, detalló.
Destacó que, de aprobar el proyecto de resolución, que busca invalidar la Ley Bonilla, estarían en riesgo proyectos a largo plazo, como la construcción de cuatro hospitales, la carretera Ensenada-Guerrero Negro y la rehabilitación del Distrito 14 de Riego de Mexicali para mejorar el abasto de agua potable en la región.
“El combate a la corrupción es cotidiano y eso ha llevado a modificar algunas leyes, pero los grandes proyectos no se han empezado porque se requiere tiempo y dinero”, explicó.
Añadió que en lo que va de la administración Bonilla, el gobernador detectó que en los últimos 25 años, al menos 950 personas morales y físicas han robado agua al estado y ocasionando daños por mil 500 millones de pesos.
Entre las empresas que han sido detectadas por esta conducta están Samsung, Hyundai, así como algunos hoteles.
“El gobernador encontró que hay 950 personajes que tenían años conectados a la red de agua y no la pagaban, mientras que a los ciudadanos, si no pagan el servicio tres veces, se lo cortan.
“Estas personas tenían hasta 25 años robándose el agua de los bajacalifornianos y no estaban pagando”, dijo.
Comentó que el daño calculado por esta conducta ascendió a mil 500 millones de pesos aproximadamente, de los cuales en las últimas dos semanas han sido recuperados 300 millones de pesos.
Corte inicia discusión
Hoy, la Corte iniciará la discusión del proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas, el cual para ser avalado requiere del voto de ocho integrantes del pleno.
La iniciativa establece que la reforma a la Constitución de Baja California, que amplió el mandato del gobernador Bonilla de dos a cinco años, vulnera los principios de organización política y debe ser declarada inválida.
El ministro prevé conceder al gobierno local 120 días para ajustar sus planes y que el periodo de la adminstración de Bonilla concluya el 31 de octubre de 2021.
