La reforma energética que se discute en el Congreso de la Unión implicará más costos para el erario, además de que puede reactivar una controversia con los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advierten expertos consultados.
Además, la posible aprobación de la iniciativa puede afectar el panorama para la inversión privada, tanto en el sector eléctrico como en la economía en general.
Víctor Ramírez, socio de la consultora P21Energía, señala que en la práctica la reforma va a encarecer la energía, puesto que los costos de producción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son entre 10% y 30% mayores que los del sector privado. “Si (CFE) va a seguir despachando todas sus plantas sin subir el precio de la energía o sin buscar generadores más baratos se van a necesitar igual o más subsidios. Eso no mejorará sus finanzas”, alertó.
En un análisis, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) afirmó que la reforma enviaría un mensaje de incertidumbre jurídica que no sólo se limitaría a las inversiones directamente afectadas, “sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho”. En caso de aprobarse, el Poder Legislativo deberá ser especialmente cuidadoso de que la redacción plasmada en la legislación secundaria mitigue en la medida de lo posible los riesgos para que el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento, agregó.
Socios en desacuerdo
La iniciativa que se discute actualmente se basa en la reforma que se aprobó en 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual generó controversias en el marco del T-MEC debido a que los gobiernos e inversionistas de Estados Unidos y Canadá acusaron que esos ajustes los dejarían en desventaja frente a la CFE y por tratarse de un marco regulatorio diferente al que existía cuando decidieron invertir en el país.
Al final, en 2023 los desacuerdos no escalaron a un panel de controversias del T-MEC luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma.
Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, advirtió que, además de revivir la controversia al amparo del T-MEC, la iniciativa de reforma deja más débil el Estado de derecho y la atracción de inversiones nuevas en el marco de la relocalización de empresas (nearshoring).
“Hay un aspecto poco visto todavía, pues podría considerarse que se incumplen acuerdos como el trato preferencial no discriminatorio, todo el capítulo de empresas del Estado y, especialmente, los mecanismos para la resolución de controversias inversionista-Estado del T-MEC. Esto afecta la seriedad del Estado de derecho”, destacó.
Ramsés Pech, analista del sector energético por Caraiva y Asociados, explicó que los ajustes al marco regulatorio abren más dudas sobre el sector energético.
“Al ser empresas del Estado, las controversias tendrán que verse en contra del gobierno y, aunque Pemex y CFE puedan verse beneficiadas por mejores calificaciones de agencias, las peores consecuencias las tendrá el erario. En el T-MEC habrá problemas por el capítulo de monopolios y además se abren más dudas sobre cómo pagarán las deudas”, puntualizó.
