La Suprema Corte de Justicia de la Nación , a través del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, realizó el panel “La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos: Impacto y Perspectivas”, con el propósito de generar un espacio de debate para analizar los alcances de esta reforma y definir sus implicaciones.
El evento tuvo como panelistas a Diego Valadés, Eduardo Ferrer MacGregor y las magistradas Marisol Castañeda Pérez y Estela Fuentes Jiménez.
Al dar la bienvenida, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF y Presidenta de la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, resaltó que esta reforma “colocó a los derechos humanos y su protección y defensa como el centro del orden jurídico . Sus implicaciones han sido muchas y en diversos órdenes. Las perspectivas y retos por venir no son menos; lo más importante, debe ser su plena eficacia ”.
Asimismo, al citar a Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, la ministra explicó que esta reforma es la más importante que ha tenido nuestra Constitución “porque dispone de una orientación dirigida hacia la prevalencia de todo el sistema jurídico y (…) por ser producto de un consenso legislativo pocas veces visto en nuestro país durante las últimas décadas”.
Al tiempo que subrayó que la reforma involucró la presentación de 47 iniciativas y derivó, luego de veinticinco meses de proceso legislativo, en la modificación de once artículos constitucionales.
Por su parte, la ministra Marisol Castañeda Pérez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, destacó que la Suprema Corte, en ejercicio de su papel como Tribunal Constitucional, ha buscado a través de sus sentencias la reivindicación de los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad.
A su vez, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recalcó que esta reforma constitucional ha trascendido socialmente porque ha permitido visibilizar y denunciar violaciones de derechos humanos.
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“Ahí están las obligaciones estatales de respeto y garantía de los derechos humanos (…), y que requieren una actuación estatal; esto ha empoderado a la sociedad civil”. Expresó que la inclusión del principio pro persona, a su juicio, “constituye el engranaje articulador de toda la reforma de 2011”.
En su intervención, la magistrada Estela Fuentes Jiménez, integrante del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, señaló que falta redoblar esfuerzos y fortalecer el acceso a la justicia.
“Existen una serie de problemáticas concretas en nuestra sociedad mexicana que invariablemente amenazan o vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, la violencia en todas sus formas".
Adicionalmente, expresó que la justicia administrativa pasó de tener un postura positivista tradicional a una concepción garantista.
Al participar como panelista, Diego Valadés, Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que “es necesario que en México adoptemos instrumentos institucionales para medir el impacto normativo de la Constitución, de las leyes y de la propia jurisprudencia , (…) porque no tenemos forma de correlacionar lo que dice la norma con lo que ocurre en la realidad (…) con datos duros”.
Hizo énfasis en que tenemos que buscar realidades y modificar la cultura para hacer valederos y vigentes los derechos de las mujeres.
En el evento conmemorativo realizado vía remota, en el marco del décimo aniversario de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos del año 2011, acompañaron a la ministra Esquivel Mossa, la consejera Eva Verónica De Gyvés Zárate y la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, ambas integrantes del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.
kl
