El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este martes el debate del acuerdo presidencial sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles , que fue impugnado por la expresidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas.
Al arrancar la sesión, los ministros aprobaron por unanimidad que el acuerdo se trata de una norma de carácter general.
“Estoy a favor del sentido, pero en contra de las consideraciones, el proyecto parte de la premisa de que el acuerdo infundado se trata de un acto, no coincido con esa postura. A mi juicio el acuerdo establece prescripciones generales y se ordena la participación de las Fuerzas Armadas de manera genérica por cinco años, se instruye la coordinación entre secretarías y delimita de manera expresa los supuestos en los cuales pueden participar las Fuerzas Armadas, nada de esto de forma particularizada”, señaló el ministro Alfredo Ortiz Mena.
Al presentar su proyecto, la ministra Margarita Ríos Farjat afirmó que el acuerdo emitido en mayo de 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador , se fundamenta en el artículo 5 transitorio del decretó que reformó la participación de la Guardia Nacional de 2019.
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“Por ello no es el presente el acuerdo, la fuente del Ejército en la calles, como suele decirse, este es una decisión del Constituyente donde participó el Congreso de la Unión, que inclusive ahora acude a la presente controversia constitucional alegando una invasión de competencias legislativas y que se, insiste, no está haciendo evaluada en el presente mecanismo de control constitucional”.
Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales afirmó que el acuerdo carece de una debida motivación, por lo que anunció que votará en contra de la constitucionalidad del acuerdo presidencial y del proyecto de Ríos Farjat.
“No concuerdo con la parte del proyecto, en cuanto se justifica la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas porque tiene como fin garantizar la seguridad pública, mientras lo requiera la Guardia Nacional, a mi parecer esta cuestión no es motivo que justifique su participación sino que es un elemento para que proceda el ejercicio de la facultad del Ejecutivo”.
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De igual forma, el ministro Juan Luis González Alcántara adelantó que votará contra el acuerdo, ya que se debe anteponer la seguridad pública sobre la disposición de las Fuerzas Armadas.
“La realidad del país no ha obligado a tomar decisiones dolorosas como extraordinarias, como que las Fuerzas Armadas permanentes participen para contener la delincuencia organizada, pero me aparto del proyecto en su totalidad”.
González Alcántara afirmó que el uso de las Fuerzas Armadas no debe ser una política pública , ya que por su implicación, por lo que significan los derechos humanos y el Estado de Derecho, deben limitarse a criterios estrictamente excepcionales.
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