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En abril de 2020, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con miembros de su gabinete para encomendarles que redactaran un decreto presidencial. En esa ocasión, López Obrador les indicó que el decreto debía prohibir el maíz transgénico y el glifosato, un agroquímico que ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud como probable carcinógeno en humanos, entre otros daños serios a la salud y al medio ambiente.
En aquella reunión, una parte del gabinete no estuvo de acuerdo con López Obrador. Las discusiones fueron acaloradas, aunque el presidente fue respaldado por un grupo de servidores públicos que comulgan con la agroecología, una corriente que se basa en transformar el sistema alimentario hacia alternativas que se equilibren con el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y la soberanía alimentaria. Es decir, que sea sostenible.
Por ello, estos servidores públicos empujaron el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (Gisamac), integrado por secretarías y dependencias, consejos, organismos y asociaciones. “Gisamac es algo único en América Latina. Por primera vez, la agroecología ya no está en el traspatio”, explica la ex coordinadora de asesores de la Semarnat.
Lo inédito fue que con el Gisamac y el proyecto de decreto contra el glifosato, se desafió por primera vez a las empresas transnacionales y mexicanas de la industria química de los plaguicidas, así como a funcionarios que han defendido los intereses de las compañías que se benefician de un modelo de desarrollo en el campo industrializado, a base de semillas híbridas, transgénicas y agroquímicos tóxicos.
Aquel decreto supone una amenaza al mercado del glifosato cuyas importaciones alcanzaron los 1,667 millones de dólares durante el periodo 2010-2020, esto de acuerdo con documentos internos de la Sader y la SE obtenidos por Ethos. Además, las cifras de importación del glifosato van aumentando año tras año. En 2020, se importó más del doble del valor importado en 2010. Esta situación explica por qué empresarios, secretarios, políticos, líderes gremiales, entre otros, están uniendo fuerzas para frenar la prohibición del herbicida.
Esta alianza ha actuado como un lobby al menos desde 2004, de acuerdo con una investigación realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Las trayectorias de los actores públicos o privados, quienes componen este grupo, han coincidido con las agendas de promoción de los transgénicos y plaguicidas tóxicos como el glifosato, impulsadas en México por corporaciones trasnacionales como Monsanto (que fue comprada por Bayer en 2018), que pertenecen a la red de transnacionales agrupadas en CropLife internacional con asociaciones regionales en norteamérica (CropLife America), Latinoamérica (CropLife Latin América) y otras en todo el mundo.
Un lobby de alto nivel defiende los intereses de las corporaciones del agronegocio, cuyo mercado de importaciones ascendió a mil 667 millones de dólares durante la última década.
De acuerdo con una revisión de más de 600 documentos —fiscales, reportes financieros y amparos—, una veintena de solicitudes de información, audios, conversaciones y un análisis de 230 eventos —como conferencias, convenios y mesas de trabajo—, así como testimonios de altos funcionarios, exfuncionarios y expertos, se revela que este lobby está conformado por 41 aliados, de los cuales destacan el ex jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo; el secretario de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), Víctor Villalobos; Julio Scherer, ex consejero jurídico del Ejecutivo federal; así como, asociaciones, cámaras empresariales y empresas agroquímicas, algunas también enlazadas a entidades internacionales.
Algunos de ellos están vinculados a nivel nacional a la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos A.C (UMFFAC) y al Consejo Nacional Agropecuario (CNA). En tanto, en la esfera internacional, se encuentran corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF, entre otras, que en México pertenecen a la asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), también vinculada al CNA, a su vez agremiada de Croplife Latin America . Toda una red a favor del glifosato.
Al consultar a la empresa Bayer sobre esta investigación, la directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad en México de la compañía, Laura Tamayo, respondió en un cuestionario que el glifosato no puede ser reemplazado. “Habrá menores rendimientos, menores ingresos y en algunos casos el fin de la producción”.
“Bayer México siempre ha actuado y actuará cuidando la salud de las personas y del medio ambiente. Prohibir el glifosato implica privar a los productores agrícolas de la posibilidad de contar con herramientas seguras y eficientes para la producción de alimentos sanos”, detalló Tamayo en el mismo cuestionario, asegurando que estas afirmaciones están avaladas por más de 800 estudios realizados a nivel mundial sobre glifosato.
Respecto al cuestionamiento de que Bayer actúa como lobby junto a UMFFAAC, Proccyt, Croplife y el CNA, la empresa alemana refirió que las leyes “nos dan oportunidad de defendernos ante posiciones que pueden afectar el desarrollo de la agricultura sustentable”. Por otra parte, negó que se trate de una estrategia de interferencia en contra de las políticas públicas de salud en México.
“Tanto el decreto, como diversas acciones y decisiones de algunos funcionarios de este gobierno, están basadas en falsas premisas o prejuicios, así como una reiterada referencia a supuestas evidencias científicas que no lo son, o son tergiversadas y, que utilizan para justificar sus decisiones”, explica el área de prensa de Proccyt.
Por su parte, el director general del CNA, Luis Fernando Haro, apuntó que la defensa del glifosato “es coherente con el mandato del Consejo”. También precisó que hay una “campaña mediática” a favor de la prohibición del glifosato.
“Recordemos que previo al decreto que se menciona, (…) lo que había era una prohibición de importación del glifosato sin sustento legal, pues el producto se encontraba debidamente registrado. El asunto podía ser una restricción al comercio, afectando acuerdos como el NAFTA y el T-MEC que estaba por entrar en vigencia en esa coyuntura. El gobierno americano es abierto a discutir con stakeholders relevantes temas que entren a conocer, como lo puede ser restricciones al comercio”, apunta la responsable de Comunicaciones de CropLife Latin América, Mónica Velásquez, quien agrega que no han llevado a cabo campañas mediáticas, ni recibido fondos para acciones en contra del decreto.
Borradores “espurios”
En septiembre de 2019, de acuerdo con el acta de la mesa de trabajo, comenzó a operar el Gisamac con funcionarios, científicos, críticos de los transgénicos, así como líderes del movimiento campesino agroecológico.
Algunos, los más importantes, son la ex coordinadora de asesores de la Semarnat, Cecilia Elizondo; Víctor Toledo, ex secretario de Semarnat —reemplazado posteriormente por María Luisa Albores—; Elena Álvarez-Buylla, de Conacyt; Ernesto Acevedo, ex subsecretario de la SE; y Alejandro Espinosa, de la Cibiogem.
Las reuniones del Gisamac caminaron velozmente hasta que a principios de 2020, se llegó a un acuerdo contra el glifosato.
La discusión en torno a este agroquímico no es gratuita: ocupa el primer lugar en importaciones por arriba de otros plaguicidas como Paraquat, Atrazina, Metamidofós, Cloropicrina y Terbufós. De acuerdo con una revisión de documentos del Registro Sanitario de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales de Cofepris, de 2010 en adelante, se expidieron al menos 170 permisos sanitarios para la importación y comercialización de glifosato.
En este proceso y ante la negativa que impidió la importación de mil toneladas de glifosato en noviembre de 2019, como una medida precautoria de la Semarnat, surgieron los primeros conflictos. De acuerdo con fuentes de Semarnat y fotografías, el 13 de febrero de 2020, se celebró una reunión interna con una veintena de diplomáticos de diversas Embajadas que solicitaron una sesión informativa.
Dentro de las instalaciones de Semarnat, el agregado de agricultura de la Embajada de Alemania en México, Martín Nissen, reclamó la postura de México basada en el principio precautorio. “Hubo prepotencia de Nissen. Dijo que no conocíamos de la agricultura en México, porque necesita glifosato”, comentó una fuente sobre la reacción de Nissen; Alemania fue apoyada por el resto de los países representados, en especial España. Sin embargo, la Embajada de Alemania en México negó que Nissen criticara de forma prepotente dicha política, sino todo lo contrario, y que ofreció “colaborar con SEMARNAT para resolver el problema, también en nombre de otros países en relación con sus propios escenarios de eliminación del glifosato”.
Unos meses después, CropLife America —la cual es financiada por empresas de la agroindustria— presionó vía correos electrónicos a decenas de funcionarios de Estados Unidos para que estos, a su vez, reclamaran a México su postura contra el glifosato, según la organización USRTK y el diario The Guardian.
En mayo de 2020, Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno del ex presidente Donald Trump, envió un correo a Graciela Márquez, entonces secretaria de Economía, señalando que el decreto amenazaba la “relación bilateral” entre ambos países. Tres meses después, CropLife America agradeció a Lighthizer y le pidió más ayuda para transmitir que la nueva visión agrícola de México y el decreto iban en contra del T-MEC.
Mientras en el mundo se movían diversas piezas, en México, las acciones a favor de la agroindustria estuvieron encabezadas por el secretario de la Sader; el ex jefe de la Oficina de Presidencia; y Julio Scherer, entonces titular de la Consejería Jurídica de Presidencia.
Desde mediados de 2020, estos funcionarios promovieron la publicación de decretos alternos “espurios” al decreto inicialmente instruido por el presidente; el primer intento de decreto fue en junio de 2020 de acuerdo con documentos y fuentes consultadas. Es decir, documentos que no contemplaban la prohibición del glifosato, sino la realización de estudios técnicos para conocer el grado de toxicidad del herbicida para, después de cuatro años, emitir un fallo definitivo sobre su regulación o posible prohibición. Estos documentos se alejaban drásticamente de la intención regular el glifosato para su total prohibición en 2024.
“Para tener el decreto debía tener el refrendo de las secretarías de Salud, Agricultura, Hacienda, Economía y otras dependencias. Julio Scherer llamó y decía que ya tenía los demás refrendos y que el decreto estaba redactado como el presidente se lo dictó”, dijo una fuente cercana a este proceso, que coincide con cuatro testimonios más, quienes afirman que Scherer marcó a integrantes del Gisamac para tacharlos de radicales por apoyar la prohibición.
“Madruguete”
Un nuevo intento de decreto “espurio” ocurrió en agosto de 2020. En ese mes, el secretario Toledo presentó su renuncia. Después vino el 23 de octubre, fecha en la que la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) de la SE difundió el tercer borrador “espurio” de decreto presidencial.
Scherer, Villalobos y Romo no dieron explicaciones sobre las modificaciones al decreto original. El movimiento Sin Maíz No Hay País denunció esta situación el 28 de octubre de 2020, con la declaratoria siguiente: “El decreto Scherer-Villalobos atenta contra México”.
“Presentaron varios ‘decretos espurios’ que iban en contra de lo que ordenó el presidente (...) Esto merecía un castigo fuerte o que los despidieran”, refiere un ex alto funcionario del Gisamac. A pesar de ello, el presidente no tomó represalias. Solo anunció, en noviembre de 2020, que se trataba de “distintos puntos de vista”.
“Obviamente ahí hubo una mano negra, tanto en la redacción del documento como en los acuerdos que se habían establecido (...). En otros sexenios esto no hubiera pasado, no se hubieran dado estas diversas posturas. En el pasado la postura corporativa era muy clara”, apunta Alejandro Calvillo, director de la organización Poder del Consumidor, y quien participó en mesas del Gisamac.
Otro alto funcionario precisa: “Lo que estaban haciendo era poner al Estado al servicio de la agroindustria. No les importó que los despidieran, ellos estaban dispuestos a perder todo su capital como funcionarios (...) En unos años saldrán del servicio público y volverán a la industria”.
El acto más notorio por parte del grupo pro-glifosato tuvo lugar el 4 de agosto —ahora llamado el “madruguete”—, día en que se publicó el decreto “espurio”, sin el consenso de la Secretaría de Salud (SSA), la Semarnat y el Conacyt.
Según las fuentes consultadas, de nueva cuenta la Consejería Jurídica del Ejecutivo llamó a las unidades jurídicas para presionar, pero en esta ocasión también participó el secretario de Agricultura, Villalobos, quien pidió que el decreto “espurio” fuese publicado de inmediato en la página de Conamer.
Luego de que se difundiera el documento, la Semarnat publicó a través de su página oficial un comunicado donde se deslindó del mismo, y pidió que el secretario Villalobos ofreciera una disculpa pública por aquel decreto que avalaba la firma de Scherer.
El 2 de diciembre de 2020, Romo dejó su cargo, y una semana después, Tatiana Clouthier fue designada como titular de la Secretaría de Economía. Anteriormente ha coincidido en proyectos con Romo desde 2005; también fue legisladora, y durante la reñida discusión sobre los etiquetados frontales de comida chatarra que advierten sobre los daños a la salud que provocan algunos ingredientes, presentó, en julio de 2019, una propuesta de artículo transitorio para bloquear la reforma.
A su llegada como secretaria, Clouthier no asistió a reuniones con el Gisamac, pero sí con la agroindustria. Para ese entonces, el presidente mostraba señales de impaciencia ante la afrenta entre el lobby y el Gisamac, y el retraso del decreto. De acuerdo con las fuentes consultadas, el presidente ordenó que la titular del Conacyt se hiciera cargo de la redacción final.
Consultada al respecto, la secretaria de Economía dijo que el decreto es muy claro, indica que hasta el 2024 hay un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato
"En este sentido, el decreto indica que no se permite la importación o el uso del producto para proyectos del gobierno, por lo que no vamos más allá de lo que el decreto demanda. Yo no tengo nada que defender con respecto a posturas de otras personas. La Secretaría de Economía defiende los procesos para reactivar la economía dentro de lo que marca la Ley. Lo que he defendido y seguiré defendiendo es que el decreto se cumpla como está. Al día de hoy no tenemos un sustituto, por lo que no podemos ir más allá de lo que establece la Ley al adelantarnos a la prohibición".
Recalcó que, al día de hoy, no hay una evidencia científica definitiva. "Se requiere más información. En cualquier tipo de producto hay intereses que promueven tanto su uso o su prohibición".
Finalmente, en diciembre de 2020, el decreto presidencial se publicó con seis artículos y seis transitorios que establecen la sustitución gradual del glifosato por alternativas sostenibles, que serán desarrolladas por medio de la ciencia y la tecnología con apoyo del Conacyt, esto con la meta de prohibir el herbicida por completo en 2024.
“Las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable y con base en criterios de suficiencia en el abasto de grano de maíz sin glifosato, revocarán y se abstendrán de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, hasta sustituirlo totalmente en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024”, refiere parte del decreto.
Este hecho no significa una victoria completa para quienes quieren prohibir el glifosato; el lobby sigue movilizándose para el 2024. Por ejemplo, y como posible señal de revancha, para marzo de 2021, el lobby le dio un golpe al Gisamac: Acevedo, de la subsecretaría de la SE, fue removido para, en su lugar, asignar a Héctor Guerrero, otrora subjefe de Enlace de Vinculación con la Iniciativa Privada de la Presidencia, con Romo.
Toledo vs. Romo-Villalobos
En esta batalla, uno de los grandes saldos que pagó el Gisamac —y el gabinete pro-agroecología en general— fue que el 31 de agosto del año pasado se consumara la salida del exsecretario de Semarnat. Se trataba del primer secretario abiertamente en contra de plaguicidas tóxicos y los transgénicos.
Las presiones que recibía Toledo en aquellos días se reflejaban en columnas de medios, filtraciones de sus conversaciones y un manchón blanco similar al glifosato que desconocidos dejaron esparcido en el techo de su casa. Según fuentes, para Toledo, este último hecho fue equivalente a “una amenaza de muerte”.
Durante el periodo de vaivenes entre varias versiones del decreto, nadie podía explicarse por qué la Consejería Jurídica apoyaba al lobby. Una posible respuesta podría ser el vínculo familiar entre Scherer y Villalobos, vigente desde 2016, luego de que contrajeran matrimonio sus hijos Julio Scherer Pareyón y Jimena Villalobos. La declaración de intereses de 2018 de Villalobos sí aclara un posible conflicto de interés, mientras que la de Scherer no reporta nada.
A sabiendas del nexo familiar, ambos participaron activamente en el proceso del decreto. También se reunieron en cinco ocasiones, entre el 21 de marzo de 2019 al 16 de marzo de 2021, de acuerdo con una solicitud de información. No se aclaró el motivo de las mismas.
El día posterior al “madruguete”, se filtró un audio de una reunión privada en la que Toledo acusó a Romo y a Villalobos. “No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de Presidencia están en contra de todo esto”, expresó.
Que Toledo haya mencionado a ambos personajes no es ninguna casualidad; Villalobos y Romo son promotores activos de las semillas genéticamente modificadas y de los agroquímicos.
En su primer año como jefe de gabinete, Romo le dio prioridad a la agenda agroindustrial. De acuerdo con una solicitud de información, Romo se reunió con su asesor Juan Manuel Madero (ex ejecutivo en Monsanto) en Palacio Nacional en al menos tres ocasiones para tratar agendas de la agroindustria. Igualmente, se encontró tres veces con el secretario Villalobos; dos con Carlos O´Farril, ex director de servicios corporativos de IICA; y unas nueve con el CNA.
Sin embargo, la Oficina de Presidencia y Sader no recibieron ni una sola vez a la coordinación de asesores de Gisamac. De hecho, en las bitácoras disponibles del Gisamac, no se observa ninguna participación del secretario Villalobos.
Algunos hechos concretos ilustran el pasado de Villalobos y Romo. A principios de los noventa, Romo creó su proyecto Seminis, basado en la producción inicialmente de maíz y soya, y luego de semillas transgénicas de hortalizas; por su lado, Villalobos fue uno de los promotores de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados —mejor conocida como “Ley Monsanto”— promulgada en 2004; en ese mismo año, como subsecretario de Agricultura, firmó con Canadá y Estados Unidos un acuerdo que aumentaba el porcentaje de siembra autorizada de transgénicos en el campo mexicano.
Estos dos defensores de un modelo de producción basado en agroquímicos han luchado desde dos diferentes trincheras: mientras que Villalobos ha caminado desde el servicio público y organismos internacionales como el IICA, Romo se ha desempeñado principalmente en la iniciativa privada y tejiendo alianzas con empresas trasnacionales como Cargill. Es desde estos dos frentes que se han unido en su afán de promover la agricultura industrial.
En febrero de 2012, por ejemplo, cuando Villalobos era director general del IICA, visitó en Yucatán los campos de Enerall, empresa que Romo fundó dos años después de vender Seminis. Enerall provee de granos a los cerdos en Yucatán —la industria porcícola ahora está amparada contra el decreto—. Tras su visita, Villalobos refirió que Enerall es “atractivo” para países latinoamericanos y caribeños.
Unos seis años después, el megaproyecto se volvió famoso por tapar un cenote. Asimismo, el dictamen detalló la presencia de agroquímicos en el cenote, según el expediente PFPA/37.3/2C.27.5/00018-18.
Documentos en poder de Ethos revelan que entre 2018 y 2020, Enerall importó dos toneladas de glifosato, con un valor de 102 mil 40 dólares. Esta empresa también ha sido criticada por parte de los apicultores de Tizimín por rociar glifosato, lo cual afecta a las abejas. Esto no es aislado: desde hace unos años, los apicultores de la Península de Yucatán están en contra de los transgénicos y los agroquímicos. Por ello, en 2019, presentaron el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde lograron cancelar la liberación comercial de soya transgénica resistente al glifosato.
La condición impuesta por la SCJN era celebrar una consulta indígena, la cual fue coordinada por Sol Ortiz, entonces secretaria ejecutiva de la Cibiogem. Sin embargo, asambleas indígenas acusaron de irregularidades a Sol Ortiz, entonces secretaria ejecutiva de la Cibiogem, a través del procedimiento administrativo DE-86/2018. A pesar de ello, en junio de 2019, Ortiz fue designada coordinadora de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. Greenpeace señaló que no hay ninguna actualización sobre el procedimiento.
Del corporativismo nacional a la agenda transnacional
Una de las postales que consume la cercanía pública entre el CNA, Presidencia y Sader en esta guerra, sin integrantes del Gisamac, es una fotografía de una reunión realizada el pasado 15 de enero, en la que se analizaron alternativas ante el decreto sobre glifosato y maíz transgénico. Aparecen Scherer, Villalobos y Clouthier, así como Juan Cortina, del CNA.
El CNA opera junto a dos de sus asociados y aliados de batalla: la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos A.C. (UMFFAAC) —conformada por 28 asociaciones productoras de agroquímicos— y Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, A.C. (Proccyt), una de las 25 asociaciones vinculadas a CropLife Latin America que actúan en pro de la agenda de transgénicos y plaguicidas.
Durante una década, Amada Vélez fue la representante de UMFFAAC; a la fecha, es directora general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). En 2005, se abrió una investigación contra ella —tras un acto de queja de Greenpeace y El Poder del Consumidor— por autorizar siete permisos para cuatro variedades de semillas de maíz transgénico en campos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; las semillas eran de las empresas Dow Sciences, Pionner y Monsanto.
En el caso de Proccyt, esta emprendió una campaña mediática en contra del decreto presidencial. El director es Cristian García de Paz, quien en el pasado trabajó para empresas como Agrobio, promotora de la “Ley Monsanto”, y ahora ha declarado a medios que las medidas contra el glifosato pondrán en riesgo al campo mexicano.
Por su parte, el CNA lanzó una estrategia legal coordinada con una inversión de 12 millones de pesos en febrero pasado. De acuerdo con un registro elaborado por Ethos y fuentes consultadas, la industria ha interpuesto 23 juicios de amparo, principalmente por parte de Monsanto, el CNA, asociaciones aliadas de UMFFAAC y Proccyt, y también —por primera vez— de la industria porcícola. Los amparos que continuaron el proceso con recursos de revisión han sido presentados por el CNA, Monsanto, así como la Unificación Nacional Porcina, el Grupo Porcícola Mexicano y la Comercializadora Porcícola Mexicana.
La estrategia del CNA también contempló señalar supuestas “violaciones al Tratado México, Estados Unidos y Canadá”; el riesgo de posibles represalias del gobierno estadunidense; y el “impacto económico-social” que supuestamente acarrea la prohibición del glifosato; estos argumentos tienen el mismo tono que los de CropLife America, y que la postura enviada por Bayer a Ethos.
Por su parte CropLife Latin America trabaja con una red de 26 asociaciones en la región, entre ellas el CNA y Proccyt.
CropLife America y CropLife Latin America son organizaciones empresariales que agrupan a las compañías transnacionales de los plaguicidas y las semillas genéticamente modificadas en el mundo. Estas tienen entre sus objetivos informar a la sociedad sobre los supuestos beneficios de los “productos de protección a los cultivos” —así describen a los plaguicidas—.
Pero no actúan gratis. Cada año, cobran a sus decenas de agremiados (como Bayer-Monsanto, Syngenta, BASF, Corteva Agriscience y Simitomo Chemical, entre otras) sus servicios de implementación de “programas específicos”. De 2015 a 2019, recibieron al menos 92 millones de dólares para operar, de acuerdo con información del fisco estadounidense analizada por Ethos.
Aunque no se sabe exactamente cuánto se destina a la implementación de cada programa o en qué país, CropLife Latin America refiere que opera en 18 países en la región. Entre 2015 y 2018, esta entidad con sede en Miami y con oficinas de Colombia y Costa Rica obtuvo 12 millones de dólares de sus agremiados para operar en la región. Además, dio subvenciones por un monto de 1.7 millones de dólares a organizaciones civiles, como lo demuestran sus formas fiscales.
Tentáculos del lobby
Fuera de Palacio Nacional, el lobby también se allegó a otro tipo de aliados. En febrero de 2021, Miguel García Winder, ex subsecretario de la Sader, fue nombrado titular de la Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
De acuerdo con fuentes del Gisamac, en su posición de subsecretario, Winder fungió como “mano derecha de Villalobos en la Sader" y tampoco distó de la posición del secretario sobre el glifosato. Esa fue la razón por la cual Villalobos dio el visto bueno para atender a una misión de trabajo en Roma, Italia (sede de la FAO), junto a la primera secretaria de asuntos multilaterales de la FAO, María de los Ángeles Gómez.
Esta misión tiene entre sus objetivos participar en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial; entre otros asuntos Winder y su equipo estuvieron a cargo de redactar la posición de México para el informe de las “Recomendaciones sobre políticas relativas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores” del 48° periodo extraordinario.
Cuando Winder arribó a Roma, la comunicación con el Gisamac se entorpeció; por ejemplo, cuando el Gisamac envió a la primera secretaria Gómez una contrapropuesta de la posición de México, que expone una posición más determinante contra el uso de los agroquímicos, esta no fue tomada en cuenta por Winder y Gómez.
“México no puede estar de acuerdo en la forma en que quedó redactado el subtítulo segundo del apartado 3 del documento (...) La postura de México es que estas Recomendaciones de política sobre ‘enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores’, han quedado muy débiles, y más con ese subtítulo que ya no es coherente con el título mismo del documento (...) por ello no es posible hablar de ‘optimización del uso de agroquímicos’, ni de que la utilización de los mismos es para el beneficio y mejora de la salud humana y ambiental”, escribió el Gisamac en el borrador original, cuya copia tiene Ethos.
La primera secretaria Gómez se rehusó a transmitir esta posición ante la FAO, argumentando que era demasiado tarde para integrar cambios al documento. Después de una serie de intercambios tensos, la cuartilla y media quedó reducida a un par de párrafos.
Winder llegó a su cargo en Naciones Unidas tras la reubicación del ex representante de la FAO, Crispim Moreira, quien ocasionó molestias a Villalobos por el apoyo de Moreira a los procesos de producción agroecológica en el país . “(El secretario) Villalobos viajó a Roma para pedir a funcionarios de la FAO que quitaran a Moreira”, declaró una de las fuentes consultadas.
Esta declaración coincide con un viaje a Roma que realizó Villalobos entre el 21 y el 26 de junio de 2019 —según facturas en poder de Ethos—, semanas antes del traslado de Moreira como representante de la FAO ante Jamaica, Belice y Barbados.
“Villalobos pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores un documento oficial que refería que el gobierno de México estaba inconforme con el trabajo de Moreira y se entregaría formalmente a Graziano Da Silva, quien era director de la FAO. Pero Graziano no quería dañar la trayectoria de Crispim, porque un documento así afectaría su carrera, así que no le aceptó (a Villalobos) el documento oficial, pero reubicó a Crispim en Jamaica”, declaró una fuente cercana a Moreira.
El 20 de julio de 2019, tras su salida, organizaciones civiles en México emitieron una carta donde pidieron a Da Silva regresarle el puesto a Moreira, y acusaban a Villalobos de ser responsable de su salida.
La salida de Moreira de México fue un movimiento más dentro de esta guerra. Esta también se acompañó de renuncias, amenazas y engaños al interior del gobierno de López Obrador. Pese a ello, en diciembre de 2020, se logró publicar el decreto que establece la prohibición progresiva de este herbicida; sin embargo, aún falta un camino de tres años y medio para su total prohibición, tiempo que no será desaprovechado por el lobby agroindustrial, sobre todo ahora que llevó su artillería a los juzgados.
Al cierre de edición se buscaron las posturas del ex consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer; el secretario de Agricultura y Desarrollo Social , Víctor Villalobos; el titular de la Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Miguel García Winder; al agregado de agricultura de la Embajada de Alemania en México, Martín Nisse; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, al cierre de edición del presente reportaje, no se habían atendido las peticiones de entrevista. Tampoco respondieron Crop Life, la UMFFAAC y la empresa Enerall, la cual fue fundada por Alfonso Romo.
Después de publicación Lina Pohl, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), envió una carta a EL UNIVERSAL para aclarar que "las decisiones de nombramiento y designación de los Representantes de la FAO en cualquier país del mundo, son tomadas por nuestro Director General, y siguen procedimientos internos inherentes a las políticas meramente institucionales de este organismo internacional".
Este reportaje fue coordinado por Laure Delalande, Ana Paula Sandoval y Silvia Márquez de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas; con la asesoría de Fernando Bejarano. Corrección de estilo: Maura Arzate.
