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La próxima administradora general Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Guadalupe Araceli García Martínez, y el futuro administrador general de Recaudación, Luis Abel Romero López, descartaron una reforma fiscal para subir impuestos, pero sí anunciaron medidas para cobrar el billón de pesos que se tiene pendiente en litigios.
Al comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para su ratificación, los funcionarios anunciaron que quieren transformar al SAT en una institución en la que las personas confíen, se acerquen y lo vean como aliado.
Por ello, anunciaron que se aumentará la recaudación basada en combatir la elusión y la evasión, pero descartaron una persecución o terrorismo fiscal.
“Desde el SAT no hay una intención de una reforma fiscal que impacte en el incremento de los impuestos en la ciudadanía, creemos que el esquema fiscal vigente nos permite elevar la recaudación sin afectar el bolsillo de los miles de mexicanos que cumplen con sus obligaciones, la estrategia de aumentar la recaudación tendrá que estar basada en disminuir la elusión y evasión fiscal y combatir la corrupción”, explicó Romero López
“Desde la Administración General de Recaudación estamos desarrollando estrategias que tienen como objetivo simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes”, añadió.
Aseguró que se busca invitar a aquellos contribuyentes que presentan alguna omisión, a que se regularicen.
García Martínez y Romero López fueron ratificados como administradora general Jurídica del SAT y administrador general de Recaudación por el pleno de la Cámara de Diputados con 389 votos a favor y 73 en contra del PA. Sus nombramientos fueron enviados al Ejecutivo Federal.
García Martínez informó que en litigios relativos a la materia de hidrocarburos, la Administración General de Grandes Contribuyentes tiene un inventario de un poco más de mil juicios por un monto equivalente a los 186 mil millones de pesos, en tanto, la Administración General Jurídica tiene más de 60 mil juicios por un monto de aproximadamente 981 mil millones.
“Estos juicios representan más de un billón de pesos en litigios y conforme a los señalado, la mayor parte de esta cantidad, debería ingresar a la Tesorería a la Federación y destinarse a programas prioritarios en beneficio de la población”, explicó la funcionaria.
