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El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda , opinó en torno a la presunta modificación a la reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles, a través de la cual se propone que cada seis meses comparezcan ante el Congreso los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana para evaluar a la Guardia Nacional.
El proyecto, presuntamente surgido desde la Secretaría de Gobernación, busca convencer a la oposición en el Senador de apoyar el dictamen, sin embargo, Creel Miranda aseguró que “no hay nada, que pueda varias la postura del PAN”.
“Se habla de una adición de un artículo sexto, pero no hay nada que pueda variar la actitud de nuestro partido respecto de la prórroga, porque si la prórroga persiste, persiste la prorroga a las actividades inconstitucionales de las fuerzas armadas y del propio gobierno que lo permite”, aseveró en entrevista previo al inicio de la sesión de este miércoles.
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El legislador panista, también condenó las presuntas presiones a panistas por parte del gobierno federal para que se avale el proyecto, lo que ha sido denunciado por senadores y por el propio dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
Al respecto, dijo que de ser cierto, lo anterior podría tipificarse como “chantaje”, delito que está penado en el código penal.
“No es una práctica democrática utilizar los instrumentos que tiene a disposición el estado mexicano, para presionar a ningún legislador, porque eso no se llama presión, se llama chantaje, que es la palabra correcta que hay que utilizar, y recordar que el chantaje está tipificado como delito, entonces esto es muy grave, y yo espero que quienes han sido objeto de chantajes tengan el valor de expresarlo públicamente, acreditarlo, y que proceda, si fuera el caso, desde el punto de vista penal”, aseveró.
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Santiago Creel recordó que todas las legisladoras y legisladores del país, “tienen el derecho de votar como mejor les plazca”.
“Podemos o no estar de acuerdo con su voto, pero eso no implica que alguien, ya sea el gobierno u otra persona, pueda amenazar, chantajear, o presionar”, concluyó.
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