El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados , Pablo Gómez (Morena), informó que no es posible que den a conocer el expediente que entregó la Fiscalía General de la República para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas , Francisco Javier García Cabeza de Vaca , como lo pidió el presidente, Andrés Manuel López Obrador , porque la ley lo impide y es un delito.
En entrevista en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez dijo que tampoco se podría dar a conocer porque no es el procedimiento, y además en ese expediente obran nombres, datos personales no solamente del inculpado, sino de muchas otras personas quienes tienen derechos y no pueden ser atropellados, por lo que serán cuidadosos de eso.
“No se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito. Ahora, si el Fiscal General de la República quiere dar a conocer elementos que están en su petición, su solicitud, es cosa de él. En eso nosotros no nos metemos, ni es nuestra responsabilidad”, dijo el también vicecoordinador de Morena .
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Pablo Gómez adelantó que no ve inconveniente para que la Sección Instructora presente el dictamen final antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, es decir, el próximo 30 de abril, pero matizó y dijo que no podría asegurarlo, porque dependen de cómo se llevan a cabo los procedimientos y los recursos que se vayan presentando.
Explicó que ya se acreditó el abogado Alonso Aguilar Zínser, como el representante legal del mandatario, y hasta este martes no ha presentado ningún escrito para defender al mandatario tamaulipeco.
Informó que al siguiente día de que fue notificado el gobernador de Tamaulipas, es decir, el pasado lunes, empezaron a correr los siete días para que declare ante la Sección Instructora en su defensa. “Pero si no declara, se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra, él las niega; el que no declara, niega. No 'el que calla, acept', no funciona ese método en lo absoluto”.
“Puede presentar su planteamiento ante la Sección Instructora. Lo podría hacer en persona, pero en este momento de la pandemia no estamos haciendo comparecencias presenciales, sino solamente por escrito y a través de internet se envían los documentos. Después de esos siete días, la Sección Instructora tendrá que reunirse y acordar la apertura del periodo de pruebas, después de notificar a la parte de la Fiscalía el contenido del documento que presente eventualmente el inculpado”, dijo Pablo Gómez.
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En los primeros 30 días, las partes tienen la libertad para hacer el acopio, la presentación y también para contradecir o para desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía. “Luego de 30 días, la Sección pues tendrá que evaluar la situación y tomará sus decisiones”.
Congreso de Tamaulipas
El presidente de la Sección Instructora dijo que de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución Política actual, cuando se trata de un servidor público de un estado tiene inmunidad procesal penal federal , no sólo un gobernador, puede ser un diputado, puede ser un magistrado.
Uuna vez que la Cámara resuelve el asunto, siempre que declare la procedencia, tiene que enviar esa declaratoria al Congreso local, es para todos, es una norma constitucional.
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Dijo que no conocía el texto aprobado este martes en el Congreso de Tamaulipas, y solamente leyó las notas periodísticas, “alcanzo a ver que se trata de un procedimiento, no sé si sea para blindar a alguien. No le alcanzo yo a ver ese propósito, pero voy a ver, simplemente para estar informado, pero quiero decirles que eso es una cosa de la competencia exclusiva del Congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas”.
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