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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) separar del cargo y poner a disposición de un juez de Distrito competente a los diputados que hayan incurrido en desacato a la sentencia de la Segunda Sala que ordenó en febrero reponer el procedimiento de selección del Fiscal General de Justicia del estado.
García Sepúlveda promovió ante el máximo tribunal del país un incidente de inejecución de sentencia, al considerar que el Congreso de la entidad, encabezado por el panista Mauro Guerra Villarreal, ha sido omiso en dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida en la Controversia Constitucional 238/2022, que interpuso contra el acuerdo para elegir al fiscal.
"Agréguense al expediente, para que surtan efectos legales, los escritos signados, el primero de ellos, por el Gobernador del Estado de Nuevo León y, el segundo, por el delegado del Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa"
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"Tomando en consideración el escrito, se tiene al Gobernador del Estado manifestando, en esencia, que: “(…) promuevo INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA en contra del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, debido a que ha sido omiso en dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida en la controversia Constitucional 238/2022, fallada en sesión de catorce de febrero de dos mil veinticuatro (…)”; asimismo, solicita “(…) la separación del encargo y puesta a disposición del juzgado de distrito competente de las diputaciones que han incurrido en desacato de la sentencia (…)”.
Previo a decidir sobre el recurso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dió un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación, al Congreso del estado para que informe sobre la reposición del procedimiento de selección y la convocatoria para elegir al Fiscal General de Justicia.
De no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa al Poder Legislativo, presidido por el panista Mauro Guerra Villarreal.
En febrero de este año, la Segunda Sala de la Corte resolvió la controversia constitucional 238/2022, que tramitó García Sepúlveda, en la que determinó anular el acuerdo 292 y ordenó reponer el procedimiento de selección del fiscal, a partir del acuerdo declarado inválido, en el entendido de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local deberá, con libertad de decisión, continuar con su sustanciación y, en su momento, emitir la propuesta de lista final de aspirantes al cargo.
En consecuencia, la Segunda Sala notificó en abril al Congreso local del fallo, por lo que a partir de esa fecha el Acuerdo 292, de 8 de noviembre de 2022, aprobado por el Congreso estatal, que a su vez validó el acuerdo de la Comisión Anticorrupción de la misma fecha, dejó de ser aplicable y de producir efectos legales.
ag