La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sigue sumando irregularidades que derivan en la pérdida de miles de millones de pesos. Este lunes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó probables daños al erario por un monto de 2 mil 354 millones 612 mil 100 pesos, principalmente por malos manejos financieros, contratos que no fueron cumplidos, productos inexistentes, mercancías caducadas, pérdida de varias toneladas de maíz y hasta la presunta entrega de subsidios a mil 459 productores, de quienes se comprobó fallecieron entre 2015 y 2021.
Del Programa de Abasto Rural a Cargo de Diconsa, la ASF determinó probables daños al erario por mil 462 millones 111 mil 600 pesos, y acreditó mercancía de tiendas rurales Liconsa y Capital de Trabajo Inmujeres que ya no se encuentran físicamente en los almacenes y no hay evidencia de cobro; mercancías caducadas y en mal estado de las que nunca se reportó su baja, devolución, cambio, venta, recuperación, registro y/o acción legal por parte de DICONSA en 2021; así como falta de documentación comprobatoria del reintegro o recuperación del capital de trabajo asignado a 4 mil 321 tiendas identificadas como de baja rentabilidad, entre otras cosas.
De igual forma, se comprobó la mala gestión financiera en contratos adquiridos con 11 empresas para la adquisición de bienes y servicios, que derivó en un daño al erario por 777 millones 325 mil 290 pesos.
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Destacan contratos de arrendamiento de equipo de laboratorio, para conservación y fumigación de granos, para la instalación de tiendas móviles, para transporte, para mantenimiento, y para servicios guarda y custodia de instalaciones, entre otros. En todos los casos no se presentó la documentación que acredite que se cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos.
También se incurrió en probables daños al erario por 106 millones 881 mil 795 pesos por la mala gestión financiera de la compraventa de maíz y su control en inventarios.
La ASF encontró que se otorgaron incentivos a medianos productores por 106 millones 759 mil pesos, sin acreditar que éstos contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores, “los cuales sirven de base para la determinación del cálculo del incentivo”.
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De igual forma, se identificó la pérdida de 55 mil 900 pesos correspondientes a 9.2 toneladas de maíz blanco del ciclo agrícola Primavera-Verano 2020, los cuales nunca fueron reportados para que se hiciera válido el seguro, ni el pago de 66 mil pesos, correspondientes a 11.4 toneladas de maíz, de las que no se acreditó su entrada en el Centro de Acopio B-07-107-0166-007 (Parral).
Finalmente, en el programa “Producción para el Bienestar”, el máximo órgano fiscalizador detectó que autoridades de la Sader reportaron la entrega de subsidios a mil 459 productores por un monto total de 8 millones 293 mil 400 pesos, sin embargo, éstas personas fallecieron entre 2015 y 2021, es decir, antes del pago de los apoyos.
Por estas acciones, la ASF impuso 168 acciones sancionatorias entre recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, y promociones de responsabilidad administrativa (40), así como un oficio para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control en Diconsa.
Existen deficiencias en los procesos de contratación del Senado de la República en materia de Tecnologías de la información y Comunicación, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la entrega del tercer informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
El documento señala que no se cuenta con evidencia de los procedimientos de investigación ni de las consultas realizadas para seleccionar a los posibles prestadores del servicio y para determinar que los mismos contaban con capacidad técnica, financiera y humana para cubrir los requerimientos de la Cámara de Senadores.
Además, advierte que no se elaboró el estudio de factibilidad correspondiente al proceso de contratación ni se proporcionó el oficio de notificación de adjudicación al proveedor seleccionado para la prestación de los servicios de fortalecimiento de los procesos de seguridad, "por lo que no es posible acreditar los criterios de eficiencia, transparencia e imparcialidad, así como garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento, entre otras".
Sostiene que la Cámara de Senadores no cuenta con evidencia que acredite que el proveedor asignó a un grupo de expertos para conformar un equipo de respuesta a incidentes de seguridad (ERISC) para el "Proyecto de tecnologías y servicios de ciberseguridad gestionada (grupo de expertos de respuesta, prevención de incidentes de la seguridad, operación, mantenimiento y soporte a los sistemas Emas, Argos, Tritón, Hera y Carmen)".
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El informe subraya que el anexo técnico del contrato no especifica las acciones o entregables relacionados con algunos requerimientos del servicio," por lo cual no fue posible validar el cumplimiento de los mismos".
Explica que el universo seleccionado por 250 millones 051 mil pesos corresponde al monto de los gastos realizados por la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones (DGIT) de la Secretaría General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores y la Dirección de Ingeniería y Operaciones (DIyO) del Canal del Congreso, en materia de contratación de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) durante el ejercicio fiscal de 2021.
La muestra auditada se integra por los contratos y convenios modificatorios relacionados con la implementación de medios electrónicos para el Canal del Congreso, de tecnologías y servicios de ciberseguridad gestionada y de fortalecimiento de los procesos de seguridad de la Cámara de Senadores, con pagos ejercidos por 38 millones 567 mil pesos, que representan el 15.4 por ciento del universo seleccionado.
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