La bancada del PRI en la Cámara de Diputados rechazó el decreto presidencial por el que se ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública a partir de hoy, pues hacerlo en estos momentos y sin claridad, genera la suspicacia de que “se aprovecha esta situación de crisis para concentrar más poder”.
El acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación no justifica la situación extraordinaria para esa decisión, ni establece los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas.
Eso genera incertidumbre tanto para el personal militar como para los ciudadanos y “pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta administración”, sostuvo el grupo parlamentario, que encabeza René Juárez Cisneros.
Los priístas reconocieron que si bien es cierto que ese supuesto de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, se acordó que ésta tendría naturaleza civil y el apoyo complementario sería mientras desarrollaba su estructura y capacidades e implantación territorial.
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Por tanto, esa posibilidad “no fue un cheque en blanco para usar a las Fuerzas Armadas sin justificación” y dado que no se estableció en el Acuerdo Presidencial justificación ni medidas de fiscalización, queda la suspicacia de que ahora “se aprovecha esta situación de crisis para concentrar más poder”.
“La falta de definición conduce a interpretar que el gobierno pretende aprovechar esta situación de crisis para emitirlo y concentrar más poder”, estableció el grupo de diputados del tricolor en un comunicado en el que expuso con condena enérgica al Acuerdo Presidencial.
En él los legisladores establecieron que las cifras indican que la estrategia de seguridad no está dando resultados positivos y con la publicación de este decreto “estamos ante un reconocimiento tácito de su fracaso”.
EL PRI recordó que durante la aprobación de esa reforma constitucional esa bancada hizo un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, “pero advertimos que el éxito de alcanzar la paz dependía de la administración y estrategia del gobierno”.
Y si bien en la tarea de dar seguridad a los ciudadanos no debe haber golpes entre partidos políticos ni mezquindad, “el país no puede esperar, se requieren instituciones y estrategias que verdaderamente contribuyan al restablecimiento de la paz en todo el territorio” nacional.
Por eso reiteró su demanda de que se establezca una estrategia especial que garantice la seguridad de los mexicanos, con coordinación entre los diversos órdenes de gobierno.
En cambio, durante todo el 2019 y lo que va de este año, aún en medio de la Fase III de la pandemia por el Covid-19, “las cifras oficiales revelan que la violencia en México no ha dado tregua a las familias mexicanas de todo el territorio”.
Por todo ello los legisladores del PRI urgieron a revisar los términos del Acuerdo presidencial para garantizar que no sea contrario a lo establecido en Constitución al crear la Guardia Nacional, en que se le dio a ésta una naturaleza claramente civil.
“El Ejecutivo debe dejar fuera de toda duda el cumplimiento pleno de las condiciones para la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, expusieron.
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