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San Luis Potosí, SLP.- De cara al proceso electoral del próximo año, Irma Eréndira Sandoval , titular de la Función Pública (SFP), advirtió que aquellos funcionarios que, sin importar partido político, participen en fraudes electorales o “se dejen embaucar por operadores políticos” serán sancionados y tendrán que enfrentar, aseguró, a una autoridad firme y una aplicación implacable de la justicia.
Al participar en la reunión del gabinete federal con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), la secretaria señaló que el país necesita un proceso electoral ejemplar que incluya, señaló, una ciudadanía participativa y gobiernos que respeten sus decisiones.
“Por lo que desde la Función Pública vamos a velar todos los días porque se cumpla la ley y los recursos públicos federales se ejerzan con total transparencia e integridad”.
“Quien caiga en la tentación de sumarse a un fraude o dejarse embaucar por operadores políticos tendrá que enfrentar una autoridad firme y una aplicación implacable de la justicia”, dijo.
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En este sentido, Sandoval Ballesteros llamó a los gobernadores a iniciar a partir de hoy un nuevo pacto de responsabilidad y de probidad, debido a que el proceso electoral de 2021 abre “un reto especial en 15 entidades en las que habrá elecciones, puesto que el Presidente de la República ha dado la instrucción de defender la voluntad popular y el derecho ciudadano a elegir a sus gobernantes con libertad”.
“Sobre todo ahora, cuando la corrupción y el fraude electoral son considerados delitos graves por el Código Penal, los fiscalizadores estamos combatiendo de manera efectiva la impunidad”, agregó.
La titular de la SFP indicó que antes hubo “mucha parafernalia de la fiscalización”, pero nulo combate a la impunidad, y hoy con hechos, señaló, estamos demostrando que vamos a actuar cuando sea necesario y con la ley en la mano.
“Con esa actitud hemos avanzado en la solventación de observaciones por más de 9 mil millones de pesos de recursos federales ejercidos por estados y municipios”.
La secretaria señaló que las observaciones sin solventar pueden provenir de gobiernos anteriores que incumplieron sus obligaciones ante una “pasiva fiscalización” de administraciones pasadas.
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“Es claro que son resultado de la negligencia de servidores públicos que deben ser sancionados, frente a las irregularidades graves se deben presentar las denuncias penales correspondientes”.
En este sentido, indicó que la Función Pública está iniciando los procesos de responsabilidades administrativas contra los funcionarios de esta misma dependencia que permitieron la prescripción de estas irregularidades, y garantizó que, “hacia delante, habrá un uso honesto y ordenado de los recursos federales que ejercen estados y municipios”, agregó.
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