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Un juez federal concedió 30 días más a la defensa de Rosario Robles para reunir pruebas a su favor y solicitar nuevamente su libertad en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por ejercicio indebido del servicio público.
El pasado 10 de febrero, la defensa de Robles presentó ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur una solicitud de prórroga al plazo de investigación complementaria.
Su petición fue admitida y se les concedió una prórroga por 30 días más que culminarán el próximo 13 de marzo.
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Con esto, los abogados de Robles retrasaron la presentación de acusación formal en contra de la exfuncionaria por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y, por tanto, el procedimiento mismo.
Fuentes allegadas al caso explicaron a EL UNIVERSAL que la defensa de Robles ha decidido no impugnar la decisión del juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien el pasado cinco de febrero negó por tercera ocasión a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social continuar su proceso en libertad.
Sus abogados solicitarán una nueva audiencia ante dicho juzgador para intentar acreditar que han cambiado las condiciones para mantenerla sujeta a prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha.
Robles se encuentra recluida en dicho penal desde agosto de 2019 cuando se le vinculó a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
La FGR la señaló por dicho delito debido a que supuestamente tuvo conocimiento de los desvíos de recursos realizados mediante contrataciones simuladas durante su gestión al frente de Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y no hizo nada para evitarlo.
Robles ha asegurado que dio vista al Órgano de Control Interno de Sedesol cuando tuvo conocimiento de las irregularidades y al expresidente Enrique Peña Nieto.
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A pesar de que el delito por el que fue vinculada a proceso no merece prisión preventiva de oficio, se le impuso dicha medida justificada porque el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que tiene los contactos y medios económicos suficientes para darse a la fuga.
Con dicha postura coincidió el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos luego de que la FGR diera a conocer que en los últimos dos años la ex funcionaria gastó un millón 163 mil 486 pesos en vuelos en México y el extranjero, a pesar de que desde diciembre de 2018 se quedó sin empleo.
