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Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, busca ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) para librar todas las acusaciones que pesan en su contra.
Fuentes allegadas al caso confirmaron a EL UNIVERSAL que Robles Berlanga está en pláticas con la FGR para obtener un criterio de oportunidad que le permita recuperar su libertad a cambio de dar información sobre el caso de la "Estafa maestra".
En las declaraciones que Rosario Robles prepara junto con su defensa, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, la exfuncionaria prevé hablar sobre Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso.
“Definitivamente sí, esos nom-bres han sido mencionados pero la intención es porque (sic) se han venido contando cosas que no son del todo ciertas”, señaló.
Aunque el representante legal de Rosario Robles no confirmó si delatará a los dos exfuncionarios, destacó que los nuevos delitos por los que la acusa la FGR son graves y podría enfrentar una pena de 40 años de prisión.
Ayer, Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, acudió al penal de Santa Martha para acordar con ella la estrategia a seguir y las condiciones bajo las cuales negociará el criterio de oportunidad.
Integrantes del primer círculo de colaboradores de Robles Berlanga detallaron que la exfuncionaria busca algún mecanismo para colaborar con las autoridades en busca de su libertad.
El criterio de oportunidad implica que la FGR se desista de la persecución penal en contra del imputado a cambio de información comprobable que permita a la autoridad dar con otros responsables de mayor jerarquía en el caso que investiga.
Según la defensa de Robles, la decisión derivó de la segunda acusación contra la exfuncionaria por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en los próximos días buscará el acercamiento con la FGR para entregar la información con la que cuenta y pedir el criterio de oportunidad.
Por el caso de la Estafa maestra, Robles Berlanga está vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. La FGR la señaló de tener conocimiento de los desvíos millonarios en Sedesol y la Sedatu y no hacer nada para impedirlos o detenerlos.
En esta acusación la fiscalía solicitó imponerle 21 años de prisión y que sea condenada al pago de 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, daño ocasionado por la Estafa maestra.
El próximo 8 de diciembre está programada la celebración de la audiencia intermedia en la que Robles Berlanga y la FGR depurarían las pruebas a desahogarse en el juicio; sin embargo, se prevé que la diligencia no se lleve a cabo debido a las negociaciones en curso para acceder al criterio de oportunidad.
Además, la FGR tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión en contra de la exfuncionaria por lavado de dinero y delincuencia organizada por el mismo caso. Si Robles Berlanga logra negociar el criterio de oportunidad con la FGR, es posible que ésta desista de la acusación.
En esta causa penal, las autoridades federales hallaron la ruta del dinero de los desvíos millonarios del esquema de triangulación de fondos, la cual llegó a países como Panamá y España.
De acuerdo con las investigaciones, gran parte del dinero salió de las arcas de Sedesol y Sedatu en efectivo y por traslados de valores a domicilios particulares. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que se realizaron depósitos en el extranjero, por lo que se solicitó información a países como España y Panamá para cuantificarlos. La pista que siguen las autoridades apunta a depósitos por 76 millones 926 mil 68.85 pesos y retiros por 137 millones 708 mil 832.19 pesos y 470 mil 865.17 dólares.
EL UNIVERSAL informó que en los últimos días Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu, y colaborador cercano de Robles, declaró ante la FGR para buscar la aplicación de un criterio de oportunidad.
En sus declaraciones, Zebadúa acusó que la Estafa maestra se ejecutó a través de contrataciones públicas entre las que se cuentan las del programa social de la Cruzada Nacional contra el Hambre y que los recursos que fueron extraídos de manera ilegal de este programa fueron utilizados para comprar votos y realizar actos proselitistas y de campaña a favor del PRI durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
