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La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles , afirmó que el fiscal Alejandro Gertz Manero violó su derecho a la presunción de inocencia porque comparó su caso con el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya .
Por ello solicitó un amparo en el que reclamó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) las declaraciones que realizó el 12 de agosto de 2020 durante una conferencia organizada por el Colegio de México en la que Gertz Manero fue cuestionado sobre las diferencias de trato entre Robles y Lozoya.
En el evento, Gertz Manero explicó que Lozoya ofreció colaborar para aclarar hechos de corrupción mientras que Robles, no ofreció nada.
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“Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está pidiendo eso.
Declaración de Gertz Manero
“En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, Sergio, por favor, es decir, la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra , que no solamente dañó con miles de millones de pesos, sino con una conducta reiterada, en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones de educación superior, que hayan sido usadas para un fin de esa naturaleza y que tengamos 27 casos con decenas de personas procesadas y gente que ha huido ya teniendo o sentencias o toda clase de procedimientos probados”, señaló el fiscal.
Estas declaraciones fueron calificadas por Robles como transgresiones a su derecho a la presunción de inocencia.
Alegó que todas las instituciones de seguridad están obligadas a tratar a cualquier imputado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, razón por la que las declaraciones del fiscal general resultan violatorias de ese principio.
La demanda fue admitida por el Juez Décimo Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal.
Aunque la FGR pidió revocar la admisión, el Noveno Tribunal Colegiado en la materia declaró infundada la petición.
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