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El senador Ricardo Monreal Ávila impulsó una iniciativa de reforma para prohibir la venta y el matrimonio forzado de niñas y adolescentes indígenas, pues esas prácticas son violatorias de sus derechos humanos y atentan contra su desarrollo físico y emocional.
En su exposición de motivos, el coordinador de los senadores de Morena remarcó que “el matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación de los derechos humanos de niñas y adolescentes, toda vez que afectan su vida y desarrollo así como el pleno ejercicio de sus derechos humanos a la salud y a la educación, además de que incrementan la desigualdad de género que padecen en su entorno”.
Monreal Ávila explicó que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas en las que se practican usos y costumbres que no toman en cuenta su interés superior, tienen un mayor riesgo a enfrentarse a diversas clases de explotación, como el matrimonio forzado, lo que se traduce en una mayor desventaja y discriminación en perjuicio de este sector de la población.
“Ante los casos que se han presentado en comunidades indígenas, en las que se ha constatado que las niñas pueden tener un precio que se llega a pagar en transacciones manejadas como usos y costumbres, se plantea reformar el artículo 2º de la Constitución Federal a fin de establecer que, sin demérito del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, se deberá respetar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin que se justifique práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres”, señala la iniciativa.
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El senador sostuvo que es indudable que la autonomía de las comunidades indígenas debe garantizarse en todo momento; “sin embargo, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos que nos rige, los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
Agregó que esta reforma contribuye a lograr una protección integral de los derechos humanos de este sector de la población indígena del país, considerando de suma relevancia el pleno respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.
Ricardo Monreal señaló en su propuesta que el artículo 4 de la Carta Magna establece que el Estado mexicano debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez y garantizar el ejercicio de sus derechos humanos. “Por lo tanto, toda acción que vulnere sus derechos tiene como consecuencia que la persona menor de edad no tenga un desarrollo físico y emocional que le permita desenvolverse con plenitud a lo largo de su vida”.
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Además, subrayó que el Consejo Nacional de Población estima que todos los días nacen en México más de mil bebés de niñas y adolescentes, pues tan solo en 2020 se registraron 373 mil nacimientos de madres menores de 18 años, y ocho mil de ellas fueron niñas entre los 12 y 14 años.
Por su parte, el Registro Nacional de Población señala que cuatro de cada 100 nacimientos son de niñas menores de 17 años, lo que redunda en defunciones por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio, ocupando el sexto lugar de las causas de muerte de este sector de la población.
El senador Monreal recalca que en ese mismo año se registraron ocho mil 876 nacimientos de menores de 14 años producto de matrimonios arreglados, violencia sexual y pobreza extrema, y el 98% de estos nacimientos fueron de madres de entre 13 y 14 años de edad, fenómeno frecuente en estados como Chiapas, Tabasco, Coahuila y Guerrero.
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