La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ( INE ) ordenó dar de baja a distintas personas registradas para la recolección de firmas en el marco del proceso de revocación de mandato , ello porque algunos son funcionarios públicos y otros por el probable uso indebido y posesión de datos del Padrón Electoral.
Una de las bajas es Gabriela Jiménez Godoy, quien es representante de la asociación civil "Que siga la Democracia", la cual desde el 9 de diciembre ha entregado 3.7 millones de firmas sobre el ejercicio .
El PAN solicitó la cancelación del registro de auxiliares y promoventes en el proceso de revocación, por la supuesta presentación de apoyos de la ciudadanía apócrifos, así como por la realización de actos de difusión.
La Comisión de Quejas del INE consideró procedente la medida cautelar bajo la figura de tutela preventiva, toda vez que, en apariencia del buen derecho, un grupo de auxiliares ha incurrido en irregularidades de manera reiterada y ya que han aportado a la autoridad electoral nacional apoyos con inconsistencias, las cuales, aparentemente, no se tratan de errores o accidentes, sino de un proceder sistemático encaminado a incrementar de modo artificial el número de firmas requeridas para el inicio de la revocación de mandato.
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Por ello, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, realice las acciones para dar de baja inmediata como auxiliares a Dirce Nallely Luna Lindoro, Graciela Ramírez Hernández, Jair Muñoa Urbina, promoventes de la asociación "Que siga el Presidente". Y de "Que siga la Democracia" a Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Francisco Facio Moctezuma, Uriel Orozco Hernández, Sandra lrma Arce Castelazo, Adriana Calderón Rodríguez, Laura Núñez Toribio y Ricardo Giovanny Chavarría Mateo; además de que se inhabilite la recepción de apoyos procedentes de los dispositivos electrónicos registrados por los mencionados auxiliares.
Piden la inhabilitación de diputados para solicitar firmas
Por su parte, el PRD solicitó el cese a la participación de diputadas, diputados y personas servidoras públicas en la recolección de firmas, ya que, de forma previa a la emisión de la convocatoria respectiva, han desplegado acciones en todo el territorio nacional con la finalidad de presentar solicitudes para que se lleve a cabo el referido ejercicio, haciendo un presunto uso de recursos públicos.
Respecto de Ángel Benjamín Robles Montoya, diputado federal en funciones, Arturo Sosa Vázquez, Rocío Arcos Vergara y María Estefany Barrera Anzures la Comisión otorgó la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, pues se trata de personas servidoras públicas que están impedidas a participar recabando firmas, pues la normativa señala que está prohibida la intervención en cualquiera de las etapas del mencionado ejercicio, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de las entidades federativas y de los ayuntamientos.
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La consideración fue que el Legislador y las personas servidoras públicas referidas han tenido una participación activa en el proceso de revocación de mandato ya que, en apariencia del buen derecho, se evitaría la intervención de personas funcionarias o servidoras públicas que pudieran influir en la decisión de la ciudadanía de que se realice el procedimiento.
Por lo anterior, se ordenó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto que, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas, realice las acciones para dar de baja al diputado federal denunciado como auxiliar de la asociación civil "Jóvenes Unidos Desarrollando Oaxaca, A.C." o de cualquier otro promovente que lo hubiere registrado con tal carácter, asimismo ordenó que los registros de firmas de apoyo captados por el funcionario mencionado sean catalogados como no válidos.
Asimismo, ordenó al diputado Robles Montoya se abstenga de captar registros de firmas de apoyo para la solicitud de la revocación de mandato mediante la aplicación móvil o formatos físicos.
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