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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados , Sergio Gutiérrez Luna , aseguró que el decreto recién aprobado para que la promoción de la revocación de mandato por parte de funcionarios no sea considerado propaganda gubernamental, "fortalece la democracia".
"Nuestra democracia se verá cada vez más fortalecida si se permite a la ciudadanía discernir y formar sus opiniones y criterio con base en lo que observa y escucha en el ambiente público. Se trata de garantizar un derecho fundamental que no puede ser restringido”, puntualizó.
A través de un comunicado, el legislador morenista expuso que la iniciativa por la que se interpreta el alcance del concepto de "propaganda gubernamental", contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato, "establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y/o proyecciones difundidas con cargo al erario público".
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Por tanto, agregó, la restricción es para no abusar de los recursos del pueblo, más no para coartar la libertad de expresión de las personas, el derecho a manifestar ideas o limitar el acceso a la información.
“Estamos a favor de la libre expresión, el diálogo y la democracia, no de las censuras previas y distorsiones a nuestro marco legal que, por supuesto, vela por los derechos de las y los mexicanos”, añadió.
Gutiérrez Luna aseveró que la libertad de expresión y el derecho a la información son preceptos consagrados en nuestra Constitución Política, por lo que deben ser respetados por todos, incluidas las autoridades del ámbito electoral.
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"El grado de avance en los ejercicios de participación democrática que ha alcanzado el país, no admite distorsiones por parte de actores que pretenden restringir la libre manifestación de las ideas expresadas a través de medios tradicionales, redes sociales o espacios públicos”, indicó.
Finalmente, consideró que las resoluciones y acuerdos que recientemente han emitido autoridades administrativas electorales violentan el artículo 29 constitucional, porque limitan garantías fundamentales de las y los ciudadanos, motivo por el que era necesario la emisión del mencionado decreto.
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