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La defensa del líder del grupo criminal Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo, interpuso dos juicios de amparo, uno contra la segunda detención al salir del penal de máxima seguridad de El Altiplano y otro por temor a ser víctima de desaparición forzada.
En el segundo caso, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México le otorgó una suspensión de plano contra cualquier acto de desaparición forzada en contra de Casarrubias Salgado.
Asimismo, el juzgador dio un plazo de 24 horas —que se cumplen hoy— a la FGR para que le informe formalmente del paradero de El Mochomo, si fue detenido o no en flagrancia, el delito y los hechos que le atribuyen, así como la medida cautelar a la que pudiera estar sujeto.
Mientras que otro amparo se interpuso ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, por considerar que su segunda detención, ocurrida el miércoles al salir del penal de máxima seguridad de El Altiplano, fue ilegal, pues, manifestó, no se le mostró una orden de aprehensión o de presentación.
Sin embargo, la demanda de garantías no ha sido admitida por el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, debido a que en el escrito no se presentan datos de la averiguación previa o carpeta de investigación, causa penal o carpeta judicial, en la que pudiera habérsele reconocido. Además, tampoco se hace la precisión del número específico de dicho expediente, por lo que el juzgador consideró necesaria la ratificación de la demanda de juicio de amparo.
Ante ello, el juez ordenó al actuario acudir a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con la finalidad de dar fe de las condiciones físicas en las que se encuentra Casarrubias, señalado por ordenar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y quien se encuentra arraigado en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, el juez concedió al líder de Guerreros Unidos la suspensión de plano contra cualquier acto de incomunicación y dio un plazo de 12 horas para que las autoridades informen el cumplimiento de la medida cautelar.
Queja de la defensa
En ese sentido, el abogado de Casarrubias Salgado, Arturo Onofre, aseguró que su cliente fue privado de la libertad, sin que se le mostrara una orden de aprehensión, presentación o algún otro documento que justificara su privación de la libertad.
El pasado 24 de junio, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvieron a Casarrubias, en Metepec, Estado de México.
Tras su detención, fue presentando ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, encabezado por la juez María del Socorro Sánchez, quien lo liberó por falta de pruebas.
Ante esta resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó que personas cercanas a Casarrubias Salgado sobornaron con millones de pesos a personal del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Estado de México, a cambio de la libertad del presunto delincuente.
Para probar la acusación, la FGR difundió una conversación telefónica entre Francelia Salgado Patiño, madre de El Mochomo, y el abogado de su hijo, Arturo Onofre, en la que acuerdan la entrega de dinero al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, a cambio de la libertad de José Ángel Casarrubias Salgado.
Investigaciones previas
Según las investigaciones ministeriales, El Mochomo es señalado por ordenar el asesinato y la desaparición de los normalistas después de que los jóvenes fueron entregados por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes estaban al servicio de Guerreros Unidos.
P or el caso, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que llevara a la captura de José Ángel Casarrubias Salgado.
María del Socorro Castillo, la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca y quien liberó a Casarrubias Salgado, absolvió en junio pasado a la excoordinadora nacional de los centros federales de readaptación social, Celina Oseguera Parra.
Oseguera Parra estuvo acusada por ser una presunta cómplice en la segunda fuga del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, del penal de máxima seguridad de El Altiplano, el pasado 11 de julio de 2015.
En ese sentido, la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en Toluca, determinó que Celina Oseguera Parra “no es penalmente responsable de la comisión del delito de evasión de preso en la hipótesis de cuando el procesado está siendo enjuiciado por la Comisión de Delito contra la Salud”.
