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La bancada de Morena en el Senado revivió la iniciativa de castración química en contra de violadores sexuales de menores, a unos días de que se realizó el juicio de procedencia para desaforar al diputado federal de ese partido, Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado por abuso sexual en contra de varios adolescentes.
Sin embargo, la iniciativa presentada por el senador Alejandro Armenta Mier y turnada esta semana a comisiones para su análisis, es una versión light a la que presentó en diciembre de 2018, ya que la actual sería de aplicación voluntaria, es decir, con el consentimiento de los sentenciados por estos delitos, así como rebajas a las penas de cárcel si se accede al tratamiento.
La iniciativa también cambia el término castración química por “tratamiento médico para la inhibición del deseo sexual y siquiátrico para la pedofilia”, pero en el fondo, de acuerdo con los argumentos, se trata de lo mismo, es decir, el uso de medicamentos destinados a reducir la libido y actividad sexual.
Se argumenta que los fármacos que se aplicarían, en casos como Saúl Huerta, sofocan la conducta sexual en los hombres a través de la reducción radical de los niveles de testosterona. En teoría es un proceso reversible y el sujeto se recuperará una vez interrumpido el tratamiento.
Armenta propone reformar el artículo 209 bis del Código Penal Federal para aplicar una pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil 500 a 10 mil días de salario mínimo de multa a quien aproveche la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, ello derivado de cualquier relación, ya sea de parentesco, laboral, docente, religiosa o de cualquier índole.
Cabe recordar que la última de las víctimas de Saúl Huerta es un adolescente de 15 años, quien trabajaba en la campaña por la reelección. El menor, un repartidor de volantes, lo denunció por agredirlo sexualmente en una habitación del hotel Exes Cities, en la colonia Juárez.
En la iniciativa de castración química o médica, como se atenúa en la propuesta del senador por Puebla, mismo estado de origen que Huerta, se expone que “el autor del delito será sujeto de manera obligatoria a tratamiento médico, siquiátrico y sicológico integral el tiempo que se requiera” y contará con revisiones periódicas de expertos.
“Y de manera voluntaria, con el beneficio de acuerdo por la gravedad del delito, de tener 20% de la sanción bajo libertad condicional, [sólo] si recibe tratamiento médico para la inhibición del deseo sexual y siquiátrico para la pedofilia”, subraya como beneficios adicionales la nueva iniciativa de reformas penales que ya se analiza en comisiones.
De acuerdo con la iniciativa, algunos de los países que aplican la castración química forzosa son Polonia desde 2009. Otros países europeos que la aplican son Moldavia y Estonia, además de Rusia y Corea del Sur. En Estados Unidos se aplica en California, Florida, Georgia, Iowa, Luisiana, Oregon, Texas y Wisconsin, entre otros.
Cabe recordar que el senador Alejandro Armenta en 2018 anunció la presentación de una iniciativa similar, pero donde la castración química a violadores de menores y mujeres no era opcional ni voluntaria, sino parte de la sanción penal.
Sin embargo, la iniciativa fue descalificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló “ninguna medida de ese tipo es solución. Hay que atender las causas”.
