Más Información
Familias de desaparecidos en Mazatlán irrumpen en evento de Sheinbaum; mandataria promete atender peticiones
Sheinbaum responde a Trump sobre declarar a cárteles como organizaciones terroristas; rechaza injerencia extranjera
Trump declarará a cárteles como organizaciones terroristas; "fui muy duro con México, hablé con la nueva presidenta"
Dictan 600 años de prisión a "El Negro" Radilla y "El Cone"; responsables de secuestrar al hijo de Javier Sicilia
Videojuegos, el nuevo gancho del crimen para captar menores; los atraen con promesas de dinero y poder
Washington.— El negocio de la tecnológica Apple y su tienda de aplicaciones App Store vivió este viernes un revés que puede hacer replantear su sistema de negocio en el futuro cercano. Una juez federal de Estados Unidos obliga a la empresa de la manzana mordida a permitir a los desarrolladores de aplicaciones a incluir enlaces que lleven a los usuarios a sistemas de pago externos a los de Apple, abriendo una vía de monetización para estas empresas fuera del entorno Apple, y una posible sangría de recaudación para la compañía de Cupertino.
“Esto permitirá a las empresa incrementar drásticamente los ingresos y reducir sus costes”, aseguró a la cadena CNBC Dan Burkhart, consejero delegado de Recurly, una empresa que procesa transacciones y suscripciones para desarrolladores de aplicaciones.
La orden es resultado del juicio que enfrentó a Apple y la empresa de videojuegos Epic Games, desarrolladora del popular Fortnite, enfrascadas en una guerra legal que se celebró en mayo y que se ha resuelto con Apple obligada a ceder la exclusividad en los sistemas de pago.
La decisión de la juez Yvonne González es el golpe más fuerte que al denominado “impuesto Apple”, y una victoria para aquellos desarrolladores que ahora podrán esquivar las tasas y condiciones del gigante tecnológico. Apple tiene 90 días para aplicar esta decisión; no obstante, se prevé que se entre en una pelea de apelaciones que pueda postergarla.
“[Apple] disfrutaba de una tremenda ventaja debido a la popularidad de su plataforma, y esa ventaja ahora se ha reducido”, dijo Jonathan Rubin, socio de bufete de abogados antimonopolio MoginRubin, al The New York Times.
Según las estimaciones de Sensor Tower, una empresa de datos de aplicaciones -Apple no da detalles específicos sobre sus ingresos en servicios-, la App Store genera unos 20 mil millones de dólares anuales para la empresa de Cupertino, con un margen de beneficio por encima de 75%.
De los documentos judiciales del caso se extrae que las aplicaciones de juegos representan el 70% de los ingresos de la App Store, un monto que solo llega de menos de un 10% de los usuarios de la tienda de aplicaciones. Por otro lado, más del 80% de las aplicaciones disponibles no generan prácticamente ingreso.
La disputa entre Apple y Epic viene de lejos. En el núcleo, la denuncia de que la App Store es un monopolio del que la tecnológica se está aprovechando, violando leyes antimonopolio y perjudicando al consumidor. Epic trató de cobrar a sus usuarios a través de su aplicación y esquivar las tasas de Apple, a quien había pagado en comisiones unos 237 millones de dólares entre 2017 y 2020. La creadora de Fortnite, al intentar realizar los cobros de su aplicación por su cuenta y sin pasar por la caja de Apple, fue eliminada de la tienda virtual de la empresa de la manzana mordida. Lo mismo pasó en Google Play, la tienda de aplicaciones de los sistemas operativos Android; demandó a las dos empresas por monopolio y abuso del mercado.
En ese sentido, Epic sufrió una derrota. La juez González no se opuso a que se mantenga la comisión del 30% y, lo que más agradó a la empresa liderada por Tim Cook, se negó a considerar que Apple tenga un monopolio por ofrecer sólo su plataforma como espacio para adquirir aplicaciones.
“El tribunal no puede finalmente concluir que Apple es un monopolio”, resolvió la juez, “el éxito no es ilegal”. Esa frase es, para Apple, un “enorme triunfo”, en palabras de portavoces de la empresa. Un triunfo parcial que para el director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney, no es merecido y, por tanto, prometió seguir batallando en las cortes.
“La decisión no es una victoria para los desarrolladores o los consumidores”, dijo a través de Twitter. “Epic está luchando por una competición leal entre métodos de pago integrados en aplicaciones y tiendas de aplicaciones para miles de millones de usuarios”, añadió.
"Mientras Apple mantenga un dominio autoritario sobre el software que millones de personas pueden y no pueden ejecutar en sus teléfonos, la compañía ayudará activamente a los gobiernos represivos a socavar los derechos humanos y censurar las aplicaciones utilizadas por periodistas, disidentes y comunidades vulnerables”, se quejó Evan Greer, director de derechos digitales de la asociación Fight for the Future, temeroso de que la decisión no haya hecho ninguna mención a las políticas de Apple de mayor calado.
Por su parte, para Samik Chatterjee, analista de JP Morgan, “los consumidores aprovecharán las alternativas de pago en el caso de suscripciones costosas y compras dentro de la aplicación, lo que limitará los vientos en contra para los ingresos de la App Store y las ganancias de lo que de otro modo sería una base muy amplia de aplicaciones”.
La compañía de la manzana mordida esperaba que estos días estuvieran llenos de expectación por su evento del próximo día 14, en el que se prevé que revele su nuevo iPhone 13, pero el fallo judicial va a llenar portadas. De momento, sus acciones perdieron ayer alrededor de un 3% de cotización en Wall Street.
En cambio, las acciones de empresas de creación de videojuegos como Zynga o Roblox se dispararon en los parqués, bajo la premisa que, gracias a esta decisión, pagarán mucho menos a Apple y tendrán mayores beneficios.
“Apple necesitará vender mejor a los desarrolladores las virtudes de su sistema de pagos, o encontrar otras formas para mantener que sus usuarios cliquen”, reflexionaba Dan Gallagher, del The Wall Street Journal.
Otras demandas
La decisión judicial no será la última palabra en la presión que Apple (y otras compañías tecnológicas) están sufriendo de reguladores y legisladores de todo el mundo. En el caso de Apple, por ejemplo, el asedio por investigaciones y otras pugnas legales ya le habían obligado a hacer algunos cambios en sus sistemas de pagos, ya fuera para aminorar las críticas o cumplir nuevas reglamentaciones.
Desde hace unos meses Apple rebajó su comisión al 15% para aquellas empresas que facturan menos de un millón de dólares; anteriormente, se había reducido a esa tasa las renovaciones de suscripciones y las aplicaciones de noticias incluidas en su servicio Apple News.
Apple también se ha plegado a hacer cambios en vista de distintas demandas y amenazas de multas millonarias en varios países del mundo. En el último mes, Apple ha relajado las restricciones en el sistema de pagos desde servicios externos a Apple Store de algunas aplicaciones, como Spotify y Netflix, en respuesta una investigación de autoridades japonesas. Hace unos días, Corea del Sur se convirtió en el primer país en forzar a Apple y Google a abrir sus tiendas de aplicaciones a sistemas de pago de terceros.
Mientras, la empresa está en medio de investigaciones antimonopolio de la Unión Europea, Reino Unido o India, entre otros. En Estados Unidos, el Senado están escrutando sus prácticas y estudiando legislación para normativizar la habilidad de las tecnológicas de regular sus mercados de aplicaciones; el Departamento de Justicia tiene abierta una investigación al respecto.
Gobierno no se inmiscuye
El pleito es uno entre particulares, en el que el gobierno se inmiscuye sólo con base en las leyes. El presidente Joe Biden ha declarado que “el capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación”.
Si bien se plantean acciones para limitar los monopolios, en una primera instancia pasan por las cortes y tribunales.
“No más tolerancia frente a acciones abusivas por parte de monopolios, no más nocivas fusiones que resulten en despidos masivos, precios más altos y menos opciones para los trabajadores y consumidores”, ha dicho Biden, quien el 9 de julio firmó una orden ejecutiva, que busca favorecer la competencia en todos los ámbitos de la economía, pero que no impone decisiones inmediatas.
Juan Pablo Salazar, abogado experto en Derecho Cibernético, declara a EL UNIVERSAL que "lo que estamos viviendo es una verdadera tensión ocasionado por la falta de regulación de las grandes industrias de internet".
Argumenta que "la teoría regulatoria menciona que en las primeras etapas de desarrollo de un producto, esto es cuando se está lanzando, innovando o está en las etapas iniciales de crecimiento del producto o servicio, el Estado debe abstenerse de tomar decisiones regulatorias, dado que de hacerlo, se pueden generar barreras regulatorias que pueden restringir la innovación y la generación de nuevos productos basados en las nuevas tecnologías".
Pero, "ya las etapas descritas pasaron y ahora lo que corresponde es que los países adopten medidas adecuadas para asegurar una adecuada libre competencia y adecuada protección de los usuarios en el mundo digital. Estamos ante un gran déficit regulatorio que incidirá negativamente en la experiencia y protección del usuario y de un ambiente competitivo sano".
*Con información de Ángel Santamaría