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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) comenzó a desalojar el penal federal de Islas Marías y reubicó a 525 reos en otros centros federales de la República.
Así lo informó ayer a través de su cuenta de Twitter el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, que afirmó que el traslado de convictos se realiza con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
“Junto a la @SEDENAmx y la @SEMAR_mx, realizamos el traslado de reos desde la Colonia Penal Federal de Islas Marías hacia centros federales de readaptación social; hemos trasladado ya 525 convictos. Como es sabido, Islas Marías quedará a cargo de @SEMARNAT_mx”, publicó.
Fuentes federales confirmaron que algunos de los reos fueron conducidos a Ramos Arizpe, Coahuila, al Centro Federal de Readaptación Social 18, cuya capacidad fue proyectada para 2 mil 800 reos.
El traslado de reos ocurrió luego de que el pasado viernes el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se desincorporó el complejo Islas Marías del Sistema Federal Penitenciario.
Con esta publicación, el anuncio realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de febrero ha cobrado validez oficial.
“Se desincorporan del Sistema Federal Penitenciario el Centro Federal Femenil de Readaptación Social de Seguridad Mínima Zacatal, Centro Federal de Readaptación Social de Mínima Seguridad Aserradero, Centro Federal de Readaptación Social Morelos, Centro Federal de Readaptación Social Bugambilias y Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máxima Laguna del Toro, ubicados en el Complejo Penitenciario Islas Marías de los Estados Unidos Mexicanos”, indica el decreto.
El mandato establece que los derechos de los trabajadores del complejo penitenciario serán respetados y se les reincorporará en otros Ceferesos.
Según el titular del Ejecutivo federal, el archipiélago se convertirá en el Centro Cultural Muros de Agua José Revueltas en honor al escritor, que estuvo preso dos veces en las Islas Marías y donde escribió Los Muros del Agua, que relata su experiencia como preso político.
Desde el año 2000, el archipiélago fue declarado área natural protegida, y por ello, a partir de ahora, será administrado por la Semarnat.
EL UNIVERSAL informó que hace dos años el Consejo de la Judicatura Federal gastó 51 millones 916 mil 881.44 pesos en construir un Centro de Justicia Penal Federal ubicado en el complejo penitenciario donde únicamente trabaja personal administrativo.
Hasta el momento, el CJF no ha emitido ningún acuerdo acerca de la posible desaparición del centro.
