El Estado de derecho disminuyó en 11 entidades de la República y en otras seis se estancó durante 2019 debido a “un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad”, así como por “las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos”, reveló un estudio de la organización World Justice Project.
Esa asociación internacional, que define el Estado de derecho como un principio que permite a las personas tener igualdad de oportunidades y vivir en paz, alertó sobre el retroceso que se ha registrado en esta materia por la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad a sus ciudadanos, así como por el bajo respeto a los derechos de las personas, la persistencia de casos de corrupción, y el limitado acceso a la justicia civil y penal.
El informe Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es el segundo en su tipo en nuestro país, por lo cual se pueden comparar sus resultados con los de 2018. De esta manera es posible saber que las entidades donde hubo retrocesos son: Zacatecas, Baja California, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Quintana Roo y Puebla.
Para realizar su informe, el World Justice Project aplicó encuestas a 25 mil 600 ciudadanos y entrevistó a 2 mil 600 especialistas. En el estudio se tomaron en cuenta ocho variables que son pilares fundamentales del Estado de derecho, entre las que se encuentra Orden y seguridad, que fue en la que resultaron más afectadas todas las entidades que presentaron un retroceso, a excepción de Michoacán.
Leslie Solís, investigadora de World Justice Project, subrayó: “La seguridad es el talón de Aquiles de México, fueron 19 estados en el país en los que disminuyó y esto se debió a un aumento en los homicidios, a un incremento en prevalencia e incidencia delictiva, y a un deterioro en la percepción de seguridad de los mexicanos”.
En este sentido, las entidades que disminuyeron su Estado de derecho tuvieron las siguientes calificaciones: Zacatecas, 0.43; Baja California, 0.40; Michoacán, 0.39; San Luis Potosí, 0.38; Chiapas, 0.38; Tabasco, 0.37; Tlaxcala, 0.37; Ciudad de México, 0.36; Morelos, 0.36; Quintana Roo, 0.35, y Puebla 0.35.
Además del aumento en la inseguridad hubo otras variables que influyeron en la disminución del Estado de derecho en 11 estados, por ejemplo, Ausencia de corrupción, que afectó especialmente a Baja California y Chiapas, y con la cual se mide si los ciudadanos tienen la percepción de que funcionarios públicos participan en conductas indebidas como sobornos o la apropiación del erario.
También se encuentran las variables Justicia civil, que mide si las personas pueden resolver sus controversias con mecanismos poco burocráticos y sin corrupción, y la otra es Justicia penal, la cual toma en cuenta si los estados tienen sistemas de justicia donde se respeten los derechos de las víctimas y también de los acusados.
En estos dos últimos factores presentaron retrocesos las entidades de: Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas.
“El factor que incluye la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos es de los peor evaluados en casi todos los estados. Esto se debe a la cifra negra de delitos que no se denuncian y la debilidad en el tema de cómo se investigan los ilícitos en el país”, dijo Leslie Solís.
La seguridad los frenó
Además de los 11 estados de la República que tuvieron un retroceso en su Estado de derecho, hubo otras seis entidades que se estancaron en esta materia: Querétaro, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Coahuila y Campeche.
La variable Orden y seguridad sufrió una disminución respecto a 2018 en Jalisco, Coahuila, Hidalgo y Querétaro, motivo por el que estos lugares no avanzaron en la lista en el país.
A pesar de esto, algunas de esas entidades mostraron mejoras en otros factores del informe, por ejemplo, en Jalisco se registró un mayor respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que destacan los derechos a la vida, el trabajo, la libertad de expresión, la libre asociación y a no ser discriminado.
En Querétaro creció la variable Ausencia de corrupción, siendo las instituciones de seguridad pública y el Poder Judicial donde habría menos actos inapropiados.
En el Estado de México destaca una mejora en la variable Límites al poder gubernamental, con la cual se considera si hay contrapesos institucionales. Las organizaciones sociales y el Poder Judicial mexiquense fueron las que se establecieron como los principales contrapesos de quienes detentan un cargo público.
Retos y oportunidades
Con estas cifras en la mano, la investigadora Leslie Solís pidió a las autoridades fijarse en los lugares de nuestro país que tienen un mayor Estado de derecho, aprender de ellos y acabar con el rezago en esta materia.
Informó que aunque 11 estados se rezagaron en esta medición y otros seis se estancaron, hubo 15 estados que sí mostraron un progreso en distintas variables.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la experta del World Justice Project precisó que “aunque todos los estados tienen retos, sí hay diferencias, hay unos que están teniendo un buen desempeño en temas específicos y hay que mirar hacia esos ejemplos para mejorar el Estado de derecho”.
Agregó que el Índice de Estado de Derecho en México se seguirá realizando año con año y tendrá como objetivo hacer un diagnóstico que sirva a los funcionarios públicos para orientar sus políticas públicas.
“La información desagregada puede servir como un mapa para identificar cuáles deben ser nuestras prioridades en materia de política pública y que los encargados de tomar decisiones puedan actuar siempre basándose en evidencia”, expresó Solís.
Según el informe de esa organización, las entidades que encabezaron la lista de Estado de derecho en el país son: Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, que también aparece en la lista de localidades que sufrieron un descenso en la clasificación debido al problema de inseguridad que padece y el limitado acceso a la justicia civil.
Si bien el World Justice Project también tiene un informe global donde compara el Estado de derecho en más de 120 países, México es la única nación donde la asociación internacional realiza este diagnóstico a nivel local.
Para lograrlo, la organización adapta su metodología al contexto mexicano para que pueda tener mejores resultados y un mayor acercamiento a la realidad.
