El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad un acuerdo en el que se acatan las medidas precautorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al organismo continuar con el proceso de la revocación de mandato, realizar una revisión y adecuación interna a su presupuesto y, en su caso, solicitar a Hacienda recursos extra.
En sesión extraordinaria de este jueves, se destacó que el INE continuará con el proceso, en cumplimiento a lo ordenado por la Comisión de Receso de la SCJN y la Sala Superior del TEPJF.
Con lo anterior, quedan suspendidos los efectos del acuerdo INE/CG1796/2021, del pasado 17 de diciembre, ya que la Comisión de Receso ordenó la continuidad de los trabajos de la revocación, mientras que la Sala Superior estableció que el INE debe ajustar su presupuesto y, en su caso, solicitar una ampliación a Hacienda, a la que impuso la obligación de responder a la brevedad.
Sin embargo, los consejeros electorales aclararon que el mandato del tribunal detalla que las adecuaciones del INE no deben afectar sus estatutos en materia laboral, es decir, afectar los sueldos y prestaciones de su personal.
Destacaron que continuarán el análisis de su presupuesto para 2022, aunque sólo cuentan con mil 503 millones de pesos para llevar a cabo la consulta, por lo que reconocieron que será complicado reunir los 3 mil 830 millones de pesos que se requieren.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expuso: “A la luz de lo establecido por la Comisión de Receso y por la Sala Superior se abren nuevas vías para que este instituto, con solidez jurídica, pueda explorar lo que ha sido una demanda legítima: contar con los recursos necesarios por parte de las instancias competentes, en su momento la Cámara de Diputados y ahora Hacienda, para poder realizar una revocación”.
En caso de no obtener los recursos, añadió, de los acuerdos de la Comisión de Receso se desprende que el INE deberá hacer una revocación con los recursos que dispone: mil 503 millones de pesos.
Precisó que, como lo ordena el TEPJF, las adecuaciones presupuestarias que realice el instituto no pondrán en riesgo “ni las atribuciones constitucionales del INE, ni sus obligaciones legales”.
Asimismo, se ordenó al secretario ejecutivo del INE que informe a la Sala Superior lo que ya se realizó en materia de ahorro.
“Vamos a acatar todas las resoluciones, leyendo todas las sentencias. El INE cumplirá la Constitución y lo que le mandata”, aseguró Córdova.
“Qué bueno que se judicializó este asunto, que se tomó la decisión y que el Tribunal nos marcó la ruta”, apuntó, pero aclaró que, en caso de no lograr obtener los recursos o que Hacienda no otorgue financiamiento, “a lo imposible nadie está obligado”.
Expuso que desconoce si se lograrán eficiencias para obtener 2 mil 300 millones de pesos: “No lo sé, pero no vamos a dejar de entregar credenciales, fiscalizar y realizar monitoreo, ni afectar los derechos laborales que están en la Constitución”.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala resaltó que “nunca estuvo en duda que el INE llevaría a cabo la revocación, el tema fue cómo la íbamos a hacer y eso fue lo que pusimos a discusión”.
Mario Rafael Llergo, representante de Morena ante el INE, exhortó a los 11 consejeros a “apretarse el cinturón” y dejar de ser parte de “la burocracia dorada”, eliminado los seguros de gastos médicos mayores, así como los de retiro, para lograr los recursos que se requieren para la revocación de mandato y no seguir regateando los derechos electorales a los ciudadanos.
Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, comentó que el gobierno federal busca una asfixia presupuestal al INE y advirtió que la estrategia para dejar sin recursos para la revocación de mandato es parte de un plan de cara a las elecciones de 2024.
César Hernández, consejero del Poder Legislativo, exhortó al Consejo General del INE “a que escudriñen respecto de los recursos que pueden disponer, y así observen que existen, por lo menos, 2 mil 602 millones 963 mil 532 pesos entre ingresos adicionales y fideicomisos que se pueden extinguir”.
