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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó por cinco años toda la información relacionada con el enfrentamiento que sostuvieron elementos del Ejército y un grupo de la delincuencia organizada en la localidad de Tepochica, en Guerrero.
El saldo de ese combate ocurrido el pasado mes de octubre fue de 14 civiles abatidos y un militar muerto. Según autoridades, esto sucedió luego de que los presuntos criminales atacaron a los soldados cuando se aproximaron al lugar.
Pese a haber sido un caso que llamó la atención de la población en general, la Sedena negó brindar cualquier tipo de información cuando EL UNIVERSAL se lo pidió por medio de una solicitud de información. La dependencia consideró que dar a conocer los datos del enfrentamiento pondría en riesgo la procuración de justicia.
“Se analizaron las constancias del expediente, concluyéndose que la Fiscalía General de Justicia Militar (...) determinó que la información solicitada se encuentra clasificada con carácter de reservado, por formar parte de una carpeta de investigación de hechos que la ley señala como delitos y que se tramitan ante el Ministerio Público”, dijo la Sedena.
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En la respuesta a la solicitud con folio 0000700315019 se explica que la información podrá ser desclasificada en cinco años o “cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”.
En su contestación, el Ejército se apegó a los artículos 104, 113 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se establece que para reservar información los sujetos obligados deben justificar que existe un riesgo real y demostrable si se dan a conocer los datos.
“El revelar el contenido de una carpeta de investigación implicaría un daño a la persecución de los delitos y a la impartición de justicia”, advirtió la institución.
Acusan falta de transparencia
Especialistas lamentaron que, más allá de la negativa recibida en la solicitud de información, la Sedena y el gobierno federal no han ofrecido muchos detalles sobre lo ocurrido en Tepochica, a diferencia de la captura y liberación de Ovidio Guzmán López o el ataque a la familia LeBarón.
Para los expertos, los datos guardados por el Ejército despertaron dudas entre la sociedad al grado de llegar a hablar sobre una presunta ejecución extrajudicial.
“Por la falta de información caemos en el tema de las especulaciones, y [éstas] son malas, no dan certeza. [El gobierno] debe salir a dar más información”, señaló César Gutiérrez Priego, especialista en Seguridad Nacional y Derecho Militar.
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Agregó que la confusión en el caso inició por la manera en que el Presidente dijo que un solo militar abatió a 14 civiles, pero no se ahondó en el calibre del arma utilizada o en la preparación de los elementos castrenses para responder a la agresión de criminales.
“Este tipo de arma te puede tirar mil proyectiles en menos de un minuto, entonces (...) es una capacidad de fuego grande, pero para no caer en el tema de la especulación se deberían presentar peritajes y determinar si hubo un exceso”, señaló el experto.
Fue el 15 de octubre cuando el vocero de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó sobre el enfrentamiento entre el Ejército y supuestos integrantes de una célula criminal, que sucedió a cinco kilómetros de Iguala, municipio donde hace cinco años desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El conflicto sucedió en una zona donde presuntamente se ocultan elementos del grupo Guerreros Unidos, y ese mismo día comenzaron a circular una serie de imágenes de los cuerpos abatidos.
Fueron esas fotografías las que al final dieron pie a los comentarios que alegaban una ejecución extrajudicial, calificada, incluso, como “el Tlatlaya” de López Obrador. Además de esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió un expediente de queja de oficio para indagar el evento.
“La intervención de la CNDH busca garantizar que se conozca la verdad (...), que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se llegaran a generar como consecuencia de tales sucesos y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas”, dijo el organismo autónomo dos días después de lo ocurrido.
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Sobre esto también opinó José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), órgano especializada en ejecuciones extrajudiciales.
José Guevara argumentó que las autoridades están obligadas a revelar más datos sobre el caso Tepochica; sin embargo, criticó que “se están comportando como anteriores gobiernos” y han guardado la mayoría de los datos.
“Hay que pelear la información. Ellos no la dan proactivamente, entonces se debe hacer una investigación por parte del ómbudsman o las ONG para que se esclarezcan los hechos”, indicó.
Indicó que las autoridades no deben revelar el contenido de la carpeta de investigación, sino sólo explicar cómo se desarrollaron los hechos: “Lo vimos en el caso de Sinaloa: dar más información fue la única forma de dar certeza. Tuvieron que haber hecho lo mismo”.
Dijo que Tepochica puede ser un caso emblemático: “No sé si pueda tener la misma magnitud que Tlatlaya, porque este gobierno ha dado la orden de que las Fuerzas Armadas no se comporten de la misma manera, pero esto comprueba que se están comportando igual”.
