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El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados denunció que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México violó todas las disposiciones legales nacionales e internacionales al no garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género en el caso de Abril Pérez Sagaón y regresar a sus funciones a los jueces que presuntamente actuaron con negligencia en ese caso.
Los legisladores del tricolor rechazaron así la decisión del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México de reincorporar a sus funciones a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, suspendidos e investigados por la liberación del presunto autor del feminicidio cometido contra Pérez Sagaón, por lo que demandaron se reconsidere esa resolución, y se suspenda a ambos juzgadores.
La decisión de reincorporarlos, cuestionó la bancada, se dio antes de haberse concluido los procedimientos administrativos a los que estaban sujetos esos juzgadores, por lo que se coloca en situación de vulnerabilidad e incertidumbre a las mujeres que acudan ante ellos en búsqueda de justicia.
La carga laboral por la emergencia sanitaria no justifica la decisión de que retomen sus funciones, máxime cuando precisamente las medidas de aislamiento social han disparado los casos de violencia contra las mujeres y se requiere personal sensible a estas demandas de justicia, expusieron.
Por unanimidad, el pasado 3 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados exhortó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a otras autoridades, a realizar las investigaciones correspondientes, y en su caso sancionar, inhabilitar y destituir a Mosco González y Jiménez López.
Por ello los diputados del PRI exigieron respeto a todas y cada una de las víctimas de violencia en contra de mujeres y niñas, “especialmente a quienes con valentía confían en las autoridades e inician un proceso legal. Ellas no merecen una resolución como la adoptada en relación a los jueces Mosco y Díaz.
“Hacemos un enérgico llamado al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a reconsiderar su decisión de reincorporar a sus funciones a dichos juzgadores en estos momentos, pues claramente representa un insulto para las victimas de la violencia que exigen justicia”, expresaron los legisladores en un comunicado.
“Ninguna emergencia de salud, ni la necesidad de equilibrar cargas de trabajo justifica abrir paso a la impunidad para quienes están suspendidos de sus responsabilidades y aún son investigados por las posibles irregularidades cometidas en el proceso judicial al que están sometidos al haber ordenado la libertad de un posible feminicida”, reclamaron.
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