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México presentó un incremento en la interferencia de grupos de poder vinculados a la industria tabacalera, que buscan ejercer presiones en el diseño de políticas públicas y la legislación para el control del tabaco y la nicotina, denunció el senador Ernesto Pérez Astorga.
Durante la presentación del Reporte índice regional: interferencia de las tabacaleras en México 2021, el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, advirtió que la injerencia de la industria tabacalera “impacta en el trabajo que hacemos los poderes públicos”.
Por ello, agregó, era de vital importancia que, por primera vez en la historia del Poder Legislativo mexicano, se dedicara un espacio para identificar aquellas tácticas recurrentes utilizadas para frenar, obstaculizar o aplazar la función legislativa encaminada a la protección de la población.
El senador de Morena señaló que derivado de la reciente publicación del Índice Regional, quedó en evidencia que México presentó un aumento en la interferencia que la industria tabacalera tiene en el trabajo del gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía.
Consideró necesario informar a los legisladores, así como a los cuerpos técnicos del Senado sobre las tácticas más comunes que pueden presentarse en el desarrollo del trabajo legislativo, a fin de reconocerlas y atenderlas de la mejor manera.
Pérez Astorga subrayó que el propósito de la presentación del reporte es contribuir para que el personal del Senado “conozca las distintas maneras que tenemos para proteger el proceso legislativo de intereses comerciales y de quienes los promueven”.
Se trata, dijo, “de que el Senado esté debidamente informado, concientizado y prevenido, para que el trabajo legislativo que se impulse a favor de la salud de la población”, sobre todo de niñas, niños y adolescentes, “esté libre de cualquier interferencia que amenace o ponga en peligro a estos grupos vulnerables”.
Laura Salgado, coordinadora Global de la Campañas del Centro Global para la Buena Gobernanza para el Control del Tabaco, señaló que existe un conflicto irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y de las políticas de salud pública.
Por ello, dijo, se debe evitar que haya una interacción con la industria, a menos que sea estrictamente necesario, como en caso de la regulación de las advertencias sanitarias.
En este sentido, explicó que si bien las instancias de salud conocen de la interferencia o tácticas de la industria tabacalera, el tema del comercio ilícito de tabaco es un ejemplo claro en el que el gobierno debe trabajar.
