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En 2024 aumentaron a 27 los casos documentados ahora en 12 estados de la República de niños y niñas que denunciaron violencia organizada y explotación sexual infantil en escuelas, de acuerdo con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).
En su reporte 2024: “Es un Secreto. La explotación sexual infantil en escuelas”, ODI destaca que a estas alturas no se ha esclarecido cómo delincuentes se infiltran en escuelas haciéndose pasar por maestros, directores del plantel o personal de intendencia.
“No ha cambiado una sola política de la Secretaría de Educación Pública (SEP). No hay mayor transparencia en las escuelas y no hay avances en la investigación de posibles conexiones entre los casos”, destaca.
Señala que al momento no existe un procedimiento claro y transparente para la contratación de maestros en los planteles.
“En los casos litigados ha resultado imposible determinar cómo, cuándo, bajo qué estándares y por autorización de quién los maestros acusados fueron contratados. Los expedientes laborales son desiguales, incompletos y fragmentados.
“No existe una normatividad clara sobre cómo se contrata al personal escolar. La designación de plazas dentro de las escuelas es una caja negra. La opacidad y discrecionalidad convierte la designación de plazas en una posible moneda de cambio. En muchos casos las designaciones tienen que ver con intereses económicos, políticos o personales”, dice.
La ONG expresó que hace tres años, la publicación del informe “Es Un Secreto: La explotación sexual infantil en escuelas” fue un escándalo, pues más de 40 medios nacionales y locales le dieron cobertura, la prensa internacional escribió sobre estos casos y en dos ocasiones el Presidente de la República fue cuestionado públicamente sobre el tema.
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“Ante la preocupación pública y la certeza de que el propio titular del Poder Ejecutivo tuvo conocimiento de los casos denunciados, se podría pensar que se tomarían acciones para investigar los hechos y para prevenir futuros abusos en las escuelas. Sin embargo la respuesta fue otra: diluir y dejar pasar”, externa.
Aseguró que al momento de ser cuestionado, el Ejecutivo federal ignoró las denuncias concretas de escuelas capturadas por delincuencia en las que múltiples agresores actuaban conjuntamente.
“Simplemente respondió refiriéndose a la violencia contra la infancia de manera general. Su respuesta reprobó la violencia y mencionó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estaba muy pendiente del tema. Aseguró que la titular de dicha institución daría más información sobre las medidas de protección a la infancia. El informe por parte de la SSPC nunca sucedió y las denuncias por violencia organizada se ignoraron”, precisa.
El informe de ODIN agrega que en 2021 se contabilizaron 18 escuelas en las que niños y niñas pequeños denunciaban violencia organizada.
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