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La atención a miles de víctimas , defensores de derechos humanos y periodistas está en riesgo, luego de que el pasado 21 de octubre, en el Senado de la República , se concretó la extinción de los fondos que servían para dar protección y asistencia a todos estos sectores.
Los fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), así como el destinado a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron eliminados sin que hasta ahora haya alguna certeza de cómo se seguirá brindando apoyo a sus beneficiarios.
Con el FAARI, un fondo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el gobierno federal atendió a 8 mil 153 personas entre 2015 y 2019, pero esta cifra únicamente representó una tercera parte de los 24 mil 792 afectados por delitos federales que en el mismo periodo solicitaron ingresar al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para tener un beneficio.
Según información oficial, en promedio, cada mes la CEAV recibe 500 solicitudes de víctimas directas o indirectas que buscan recursos para pagar servicios funerarios, médicos, alimentación, alojamiento, peritajes, traslados o quieren obtener reparación del daño por un delito.
Entre 2015 y 2019, el fondo de víctimas ejerció mil 978 millones 48 mil pesos para apoyar a más de 8 mil víctimas de ilícitos como la desaparición, el secuestro, el homicidio y el abuso sexual, entre otros.
Respecto al fondo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, hasta junio de 2020 éste se utilizaba para proteger a mil 262 personas.
Los activistas y comunicadores eran beneficiarios del fondo porque sus vidas corrían peligro al haber sufrido un secuestro, agresiones físicas o amenazas.
Entre 2014 y mayo de 2019 este fondo erogó 897 millones 714 mil 685 pesos para implementar y operar medidas de protección a periodistas y defensores.
Aunque los legisladores que eliminaron los fideicomisos aseguraron que todas las medidas de protección y asistencia se van a seguir brindando con cargo al presupuesto de la CEAV y la Secretaría de Gobernación (Segob) , especialistas alertaron que los recursos económicos destinados para ese fin se podrían perder, porque, dijeron, ya no estarán etiquetados en un fondo específico.
CEAV, una institución fallida
La desaparición del FAARI representó un gancho al hígado para la CEAV, institución creada en 2014 y que desde esa fecha ha sufrido recortes presupuestales, reducción de personal, cientos de demandas y la ausencia de un titular en múltiples periodos.
“La extinción del FAARI, en este momento y de este modo, pone a las víctimas, como mínimo el próximo año, en una situación de ausencia de recursos.
“La única manera de resolverlo sería con medidas sumamente discrecionales, que es lo que se quería evitar”, dijo Ángel Ruiz, investigador del Programa de Derechos Humanos de Fundar.
Aunque los expertos reconocieron que en el manejo del FAARI hay irregularidades, éstas no se relacionan con casos de corrupción, sino con un rezago en la entrega de apoyos.
“Directamente, algún problema de corrupción o desvío de recursos no [se ha encontrado], pero sí hay irregularidades cometidas por autoridades que van a permanecer en su puesto aun cuando ya se extinguió el FAARI”, lamentó Ruiz Tovar, de la asociación Fundar.
En esto coincidió Fabienne Cabaret, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien señaló: “En términos generales, ha habido una lentitud [en la atención de los casos de víctimas], pero no visualizábamos que el problema fuera del FAARI, pues la integración de los expedientes y la dictaminación está en otras áreas”
La comisión ejecutiva está por cumplir seis años de existencia, pero ha enfrentado varios obstáculos que la han vuelto poco funcional, por ejemplo, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador acumula la renuncia de dos titulares, y durante 10 meses ha permanecido sin nadie a su cargo (junio a diciembre de 2019 y junio a octubre de 2020).
“Ha hecho falta todo. La CEAV nació sin personal, sin infraestructura y con pocos recursos.
“No se midió la cantidad de víctimas que este país produce. Al año somos más de 6 mil personas quienes pedimos ingresar al Renavi”, aseguró Leticia Hidalgo, integrante de la Asamblea Consultiva de la comisión ejecutiva.
En la indefensión, comunicadores y activistas
Los defensores de derechos humanos y periodistas también experimentaron la pérdida del fideicomiso que era utilizado para darles protección.
Hasta junio de este año, mil 262 personas eran beneficiarias del fondo. Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Puebla son las entidades donde se encontraba la mayoría de los protegidos.
Por su parte, Atziri Ávila, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo para Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, manifestó que la desaparición del fideicomiso “significa un retroceso considerable en materia de derechos humanos.
“Se deja en la indefensión a quienes se encuentran en riesgo, porque tampoco se ha establecido la nueva vía con la que se seguirá protegiendo a quien lo necesite”, reiteró.
En los últimos ocho años, con cargo al fondo para defensores y periodistas, se ejecutaron 3 mil 251 medidas de protección extraordinarias y reacción rápida, entre las que destacan el acompañamiento de escoltas, telecomunicaciones seguras, botón de asistencia, patrullajes, manuales de autoprotección y la interposición de denuncias.
“El mecanismo [de protección] ha salvado vidas porque es el único recurso al que pueden acudir las personas defensoras y periodistas en riesgo.
“Si este mecanismo [las autoridades] lo van deshaciendo, desintegrando o desmoronando, nos dejan en una mayor indefensión”, lamentó Ávila.
