Homicidios, tortura, desaparición forzada, feminicidios y lesiones dolosas
son delitos por los que las fiscalías y las procuradurías de justicia de los estados abrieron averiguaciones previas y carpetas de investigación contra policías estatales, municipales, federales y ministeriales . En 25 estados del país hubo 8 mil 302 expedientes de 2012 al primer semestre de 2020, pero de éstas sólo hay registro de 529 consignaciones y vinculaciones a proceso, es decir, únicamente 6.3%, según datos obtenidos por EL UNIVERSAL a través de solicitudes de transparencia.
El delito de homicidio doloso apareció en indagatorias de los estados analizados 328 veces; lesiones dolosas, 2 mil 841; desaparición forzada, 109; tortura, 4 mil 991, y feminicidio, 33.
Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y Veracruz acapararon 72.6% de las investigaciones por los cinco delitos estudiados para este reportaje. En total, tres de cada 10 indagatorias totales se abrieron en las fiscalías y procuradurías estatales durante el gobierno actual, es decir, entre 2019 y durante los meses del primer semestre de 2020.
En los últimos meses hay algunos casos que se pueden usar como ejemplo sobre las denuncias contra policías. A principios de mayo, Alejandro Giovanni López Ramírez fue presuntamente asesinado mientras estaba bajo custodia de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. Su detención quedó registrada en video y un mes después se viralizó en redes sociales. A los pocos días Melanie, de 16 años, acudió a una manifestación en la Ciudad de México para exigir justicia por el caso de Giovanni, pero fue golpeada por varios elementos de la policía capitalina.
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Para esta investigación se pidió información a todas las fiscalías y procuradurías estatales y, a pesar de esto, algunas entidades no contestaron, como la Ciudad de México, Hidalgo y San Luis Potosí. En el caso de Morelos, Nayarit y Tlaxcala se presentaron problemas para visualizar sus respuestas en la Plataforma Nacional de Transparencia y ante esto se les contactó para solicitar el envío de la información, pero al cierre de la edición nadie respondió. Chiapas no entregó la información desglosada como se le pidió; Sinaloa respondió que no tiene la información al criterio solicitado, y Baja California y Coahuila no entregaron la información solicitada a través de transparencia.
“Cada quien reporta lo que quiere”
“Tenemos un problema de datos en el país donde cada quien reporta lo que quiere y cómo quiere, y no debería ser así”, criticó en entrevista María Elena Morera Mitre, presidenta de la asociación civil Causa en Común.
También dijo que es importante que este tipo de información sea abierta para que no sea necesario pedirla a través de solicitudes de transparencia.
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Varias de las fiscalías estatales no proporcionaron la información de las investigaciones vinculadas a proceso, diciendo que no cuentan con ella, pues es facultad del Poder Judicial y no del Ministerio Público (MP), lo cual resulta falso porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que es el MP el que ante el juez de Control lleva a cabo la imputación del acusado para enseguida solicitar su vinculación a proceso.
El MP interviene en todo el procedimiento penal: desde la investigación inicial, pasando por la etapa de juicio donde emite sus alegatos, exponiendo la acusación y las pruebas para demostrarla, hasta en el momento en que el órgano jurisdiccional emite la sentencia, contra la cual incluso tiene la facultad de apelar, llegando así a la segunda instancia. Esto significa que las fiscalías estatales cuentan con los datos de todas sus carpetas de investigación que integran, el estado que guardan e incluso los datos de sentencias que se han dictado.
Respecto a este tema, únicamente 14 fiscalías proporcionaron datos sobre las consignaciones y vinculaciones a proceso.
Tortura va al alza
El delito de tortura registró un total de 4 mil 991 averiguaciones previas y carpetas de investigación contra policías en el periodo analizado. La cantidad de éstas aumentó de 2012 a 2019, al pasar de 21 expedientes a mil 562. Al analizar 2019 y los meses del primer semestre de 2020 —que corresponde a la presente administración de la 4T— se detectaron mil 921 indagatorias.
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“Es una desgracia que del delito de tortura no se ha logrado atacar ese problema, entre otras cosas, porque las propias autoridades encargadas de investigar ese delito son muchas veces las responsables de cometerlo, entonces nunca se va a avanzar de esa manera (…) Sabemos que hay un gran atorón en las procuradurías, que están absolutamente desbordadas [y] no tienen la capacidad para realizar todas las investigaciones de delitos pendientes”, aseveró en entrevista Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
La tortura es un delito cometido por un servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión para fines de investigación criminal, emplea como medio intimidatorio o castigo personal medidas de coacción o preventivas, o con razones de discriminación o cualquier otro fin que cause dolor o sufrimiento físico o síquico, de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“Dentro de las instituciones de seguridad existen delitos cometidos por los propios agentes en la persecución del crimen, por ejemplo, tortura, incomunicación, desaparición, robo, etcétera. También hay delitos realizados por autoridades —en activo o inactivo— que no tienen que ver con sus funciones sino con un negocio propio. En ocasiones los policías identifican estos problemas en la institución, pero callan por temor a perder su empleo o, en el otro extremo, deciden participar en estas prácticas”, indica el Instrumento Pedagógico para la Reforma Policial Democrática en México del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C.
Obstáculos para los efectivos
“Están militarizando el país en todos los rubros, no sólo en el tema de seguridad. La incursión de militares en esferas que siempre habían sido civiles es un riesgo para el país, porque estás cambiando los equilibrios”, refirió la presidenta de Causa en Común, quien añadió: “Todo el involucramiento de militares en áreas de seguridad hace que relegues a las policías civiles y hay municipios, por ejemplo, en Sonora [en los] que [Alfonso] Durazo llevó jefes militares a policías municipales”.
Añadió que los policías no sólo están inconformes sobre que un militar tenga una visión de la seguridad completamente diferente a la de un civil, sino que se están rompiendo los sistemas de ascenso, las posibilidades de tener una seguridad pública como tal y se está transformando a una seguridad nacional y militarizada que va a tener graves consecuencias en las policías.
“No se ha apostado en el país por construir policías, ahora inclusive vemos que estos fondos que se enviaban a los estados: Fortaseg y Fortamun se han reducido o eliminado y eso lado del incremento que sí vemos en las instituciones militares, entonces claro que ese descuido de las policías impacta de muchas maneras. No se ha logrado profesionalizarlos, darles certidumbre, darles un proyecto de vida [ni] se ha logrado contar con instituciones que tengan permanencia, sino que siempre están cambiando de jefes y eso no permite que se consolide una buena policía con un proyecto de largo plazo”, explicó Azaola Garrido.
Los efectivos no están exentos de ser víctimas del delito, ya que mil 285 fueron asesinados del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con los datos del Registro de Policías Asesinados realizado por la organización Causa en Común con base en conteos hemerográficos. “Las mismas autoridades no le dan seguimiento”, concluyó María Elena Morera Mitre.
