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De diciembre de 2012 a junio de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) registró un acumulado de 63 mil 560 sanciones administrativas a 46 mil 290 servidores públicos.
De acuerdo con el 6to Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de ese universo 25 mil 338 fueron amonestaciones públicas y privadas (39.9%); 17 mil 57 suspensiones (26.8%); 13 mil 815 inhabilitaciones (21.7%); 2 mil 391 destituciones (3.8%), y 4 mil 959 sanciones económicas (7.8%), con un monto acumulado de 12 mil 691 millones de pesos.
Al revisar la evolución patrimonial de los servidores públicos, la SFP remitió sólo 76 expedientes de situación patrimonial a la PGR para ser investigados por la comisión de diversos delitos cometidos por servidores públicos. En contraste, envió 133 al archivo por falta de elementos.
De acuerdo con el 6to Informe de Gobierno en ese mismo periodo, la dependencia abrió 616 expedientes de situación patrimonial a la autoridad competente, de ese universo 407 fueron enviados a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de dependencia por inconsistencias en las declaraciones de servidores públicos.
En su 6to Informe de Gobierno, la administración del Presidente se refirió a los casos de ex gobernadores del PRI y PAN que son investigados por probable desvío de recursos públicos y probables vínculos con el crimen organizado. “En relación con las denuncias presentadas ante la PGR por presuntos actos de corrupción contra ex gobernadores, cuatro imputados se encuentran sujetos a prisión preventiva y en otros dos casos, se siguen los procedimientos legales para la detención con fines de extradición a territorio mexicano”, señala el resumen ejecutivo.
Se trata de los ex gobernadores Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y Guillermo Padrés, de Sonora, quienes ya fueron detenidos por la justicia; mientras que siguen prófugos el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien fue detenido, pero es reclamado por la justicia de Estados Unidos.
Por otra parte, la SFP realizó a nivel central, 51 actos de fiscalización a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), que arrojaron 130 observaciones con un monto irregular de 3 mil 765 millones de pesos.
En materia de obra pública se concluyeron 316 acciones de fiscalización, incluyendo auditorías, visitas de inspección y supervisiones a Órganos Internos de Control (OIC), que permitieron determinar 637 observaciones, por 15 mil 693 millones de pesos.
