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Representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) defendieron la existencia de los órganos autónomos, contra la propuesta de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea eliminarlos.
Durante el foro “Reformas constitucionales para la democracia”, señalaron que los beneficios económicos o en el rubro de transparencia son mayores, al costo que representan para el erario público.
Javier Juárez Mújica, comisionado presidente de la IFT, refirió que durante los primeros 10 años del Instituto, los precios de comunicaciones han disminuido 31.9%, mientras que la inflación ha sido mayor al 60%.
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“El acceso a internet móvil ha crecido en más de 300%, desapareció la larga distancia nacional, es un derecho a ejercer la portabilidad de menos de 24 horas. En estos 10 años se han generado más de 728 mil millones de pesos, de beneficios para la sociedad, lo que implica que por cada peso que se invierte en el IFT, se generan 45 pesos de beneficio a la sociedad mexicana”, expresó.
En su turno, Adrián Alcalá, comisionado presidente del Inai, refirió que las funciones que realiza el instituto no pueden, ni deben ser sustituidas por ninguna dependencia o entidad del Poder Ejecutivo Federal o por alguna autoridad del Poder Legislativo, porque implicaría un retroceso.
“El Inai no fue un capricho político, ni tampoco una ocurrencia, es el resultado de años de análisis y reclamos sociales, académicos, pero también de voluntad política, de reconocer que México necesita tener una institución en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales, que sea el puente de comunicación entre la sociedad y sus gobiernos”, dijo.
Añadió que “la cerrazón es aliada del retroceso y bajo ningún motivo o circunstancia deben de reaparecer los fantasmas del autoritarismo, de la opacidad o de negligencia en la toma de decisiones. En gobiernos democráticos caben todas las voces para determinar el futuro de la nación que queremos para las futuras generaciones”.
Alejandro Faya Rodríguez, comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, subrayó que algunas de intervenciones del organismo han generado beneficios netos al consumidor por encima de los 36 mil millones de pesos.
“En términos presupuestarios en un ganar-ganar evidente, desde su creación, hace poco más de una década, contado con el presupuesto más bajo entre los órganos autónomos, el 1% del Ramo de los autónomos, el 0.01% del total del presupuesto, con todo y que es responsable de vigilar las condiciones de competencia en todos los sectores de la economía nacional, con excepción de la radiodifusión y las telecomunicaciones”, detalló.
En contraste, afirmó, tan solo en las multas que ha impuesto desde 2013, superan los 15 mil millones de pesos. “Es una institución que se paga sola, tan solo en 2022, las multas impuestas superaron ocho veces el presupuesto asignado para ese mismo año”, comentó.
En su participación, José Manuel del Muro, de Coneval, dijo que el órgano público descentralizado tiene dos objetivos: la evaluación y el monitoreo de la política de desarrollo social, y la medición de la pobreza.
“La información de Coneval también promueve la rendición de cuentas, como ciudadanas y ciudadanos podemos acceder a la información sobre pobreza y, además, también toda esa información que genera el Coneval, está enfocada hacia tomadoras y tomadores de decisiones, el valor público del Consejo, nos parece que ahí está, en dirigirnos a tomadores de decisiones responsables de diferentes políticas públicas en desarrollo social”, aseguró.
Expuso que el Coneval ha aportado cerca de 4 mil análisis y publicaciones de diferentes temáticas sociales; y en contraste, tiene un número muy reducido de funcionarios, apenas 196 personas.
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Falta reforma electoral, pero no eliminar plurinominales
Lorenzo Meyer, analista político, refirió que la reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos, disminuir regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar a los plurinominales.
Pero si los plurinominales son eliminados, se debe encontrar una manera de representación de la minoría, “una representación que no distorsione tanto como ahora”, dijo.
“Esa reforma es indispensable, pero hay que encontrar la manera de no eliminar a las minorías, que sigan teniendo una voz, pero que esas minorías sean realmente representativas de la minoría. En el caso nuestro, ahora esos plurinominales son puestos ahí por sus relaciones con las cúpulas, ahora ningún partido político es realmente democrático”, subrayó.
Añadió que se deben examinar todas las posibilidades de las democracias que actualmente están funcionando; “sacar una solución mejor de la que tenemos ahora, sin esperar la perfección”, expresó.
“No sería prudente, ni saludable tener una Cámara de Diputados o de Senadores donde se representen exactamente los que ganaron la mayoría, porque se cierra a la minoría, y eso es lo que no debe ser en el futuro de un sistema plural. Hay que buscarle la solución, la que tenemos ahora no es buena, hay que cambiarla, pero hay que encontrar algún punto medio, de acuerdo entre la representación de la mayoría absoluta y de las minorías, nunca dejar las minorías de fuera porque resulta bastante peligroso”, dijo.
Reforma al Poder Judicial sí; elección popular de ministros y jueces, no
Por su parte, el abogado Paulo Díaz Gargari señaló que la reforma constitucional al Poder Judicial parte de un diagnóstico correcto, de la percepción de que los poderes judiciales, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, que es resultado de los altos niveles de corrupción y de impunidad con los que se lleva a cabo la función jurisdiccional en el país, desde hace mucho tiempo.
“Los asuntos en nuestros tribunales se resuelven de forma lenta e ineficiente, a veces absurda y, en muchas ocasiones, a través de un proceso impregnado de la corrupción. Sin duda, la separación de las labores estrictamente administrativas, de las jurisdiccionales, y luego de éstas con las labores de investigación y sanción de responsabilidades administrativas, me parece que es un acierto de la iniciativa y debería caminarse en ese sentido. El tema de la inamovilidad de jueces y magistrados es fundamental. Me parece un gran acierto”, expuso.
Sin embargo, señaló que no está de acuerdo con la lección popular de los ministros y jueces, porque dicho proceso no garantiza que no se corrompan los servidores públicos.
“Con la propuesta con la que no estoy del todo de acuerdo, y no porque esté en desacuerdo en absoluto con ella, sino porque creo que no contribuye ni garantiza que terminemos con la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial, qué es lo que queremos evitar, es la elección popular, nada nos garantiza que un servidor público electo por el voto popular, sea un servidor público honesto. Eso me parece que habrá que dejarlo para una etapa, no sé si posterior, pero que no lo confundamos, porque es objetivo intermedio, no sirve para que lleguemos al objetivo final”, dijo.
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