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Durante el foro “Reformas constitucionales para la justicia”, convocado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados, especialistas en derecho y transparencia señalaron que las reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador son inconstitucionales y plantean desmantelar el Sistema Mexicano de Justicia en menos de un año.
También plantearon que la elección popular de ministros y jueces no es conveniente, porque podría abrir la puerta al crimen organizado; y, por el contrario, se debe exigir que quienes desempeñen el cargo, no tengan una relación profesional, familiar o política con el titular del Ejecutivo y no sean militantes de algún partido.
Enrique Barber González de la Vega, maestro en Derecho, afirmó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial pretende desmantelar el Sistema Mexicano de Justicia en menos de un año, busca desintegrar los 33 poderes judiciales en menos de 12 meses, deshacerse de todos los ministros, magistrados y jueces federales y locales para sustituirlos por candidatos electos por el voto de los ciudadanos.
“Ningún Estado en el mundo y ninguna democracia liberal ha adoptado la elección popular directa como método de elección de sus juzgadores constitucionales”, apuntó. La reforma propuesta por el presidente López Obrador pretende construir un Poder Judicial politizado, y cuyos integrantes tendrán un origen político incontrovertiblemente, lo cual sería un contrasentido, dijo.
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Por su parte, Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, expuso que es fundamental ampliar los requisitos para los aspirantes al cargo de ministras o ministros, que estos no tengan una relación profesional, familiar o política con el Ejecutivo ni que sean militantes de algún partido.
Resaltó que no es conveniente la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces, ya que se corre el riesgo de que intervengan los grupos del crimen organizado.
En su turno, Vania Pérez Morales, consejera del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dijo que la iniciativa de simplificación administrativa implica la desaparición de la Comisión Ejecutiva y la desaparición de la facultad del CPC y la SNA para realizar exhortos a las autoridades del Comité Coordinador del Sistema.
También representa un obstáculo para el ejercicio de las atribuciones conferidas para el Comité de Participación Ciudadana, y vulnera el artículo 113 constitucional y los tratados internacionales signados en la materia.
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Roberto Moreno Herrera, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), rechazó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) asuma la administración de Plataforma Digital Nacional.
Señaló que la SFP podría realizar dicha tarea porque no es autónoma y muchas de sus funciones se vuelcan a la Administración Pública Federal; ya que la Plataforma interconecta a 7 mil 217 órganos internos de control en México y recopila información de los tres órdenes de gobierno.
Finalmente, Jaime Miguel Moreno Garavilla, presidente fundador de Confianza Ciudadana A.C, señaló que las reformas del presidente López Obrador partidizan la impartición de justicia en el país, y eso es peligroso.
uul/apr
