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Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló su preocupación por el paquete de iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “las cuales podrían socavar la independencia de la judicatura en México”.
A través de un documento, Margaret Satterthwaite expuso que la iniciativa de reforma al Poder Judicial puede socavar la independencia de la judicatura mexicana.
“Con relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la Cámara de Diputados, las cuales considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos (“México”) en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”, aseguró la relatora.
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Señaló que las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña
“La elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, dijo la relatora especial.
Agregó que las dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad.
Satterthwaite destacó que la remoción anticipada de todos los jueces en funciones, una vez que los nuevos sean electos, sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial.
Ante la imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción, dijo, también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión.
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Ante la propuesta de reducir de 11 a nueve los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que con esta acción se podría afectar la estabilidad y continuidad del trabajo judicial.
Además, alertó que alinear los periodos de duración del cargo judicial con el ciclo electoral presidencial supone un riesgo de politización del sistema de justicia aún mayor.
En los periodos electorales, los votantes podrían ser influenciados por la retórica política y la campaña partidista, lo cual podría llevarlos a alinearse con la selección de un juez que comparta su preferencia política en lugar de una selección basada en la competencia e integridad de los candidatos a jueces.
“Esto constituye un riesgo de degradación de la profesionalización de la judicatura”, aseguró Margaret Satterthwait.
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La propuesta de disolución del CJF, junto con los cambios en la administración judicial descritos anteriormente, plantearía serias interrogantes bajo el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares. En conjunto, podrían constituir una amenaza seria para la independencia del sistema judicial de México y la separación de poderes.
Asimismo, la propuesta de facultar al Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces basándose en criterios vagos como "cuando sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, así como asuntos determinados por la ley", es contraria a los estándares internacionales.
Así como la imposibilidad de que un juez apele las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial violaría el derecho a un juicio justo de los jueces y es contrario a las normas pertinentes.
También el otorgar al órgano de administración judicial, conformado por miembros designados por otros poderes del gobierno, la completa administración del Poder Judicial, incluyendo su gestión humana y financiera, comprometería severamente su autonomía.
“Este arreglo socavaría el principio de independencia judicial al supeditar funciones administrativas críticas a la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo, poniendo en peligro la capacidad del Poder Judicial para funcionar como un poder separado e igual al de los otros poderes del gobierno”, subrayó la relatora.
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