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La reforma al Poder Judicial es una decisión que no refleja ni toma en cuenta los argumentos presentados por diversas organizaciones sociales, juristas, estudiantes y medios internacionales, quienes expresaron su preocupación por las graves implicaciones de esta medida, argumentó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó la reciente aprobación en el Senado de la República.
“La sesión de este martes evidenció una tendencia preocupante de no escuchar todas las voces. México, que ha demostrado madurez política al encontrar coincidencias, enfrenta ahora una realidad de imposiciones. En lugar de fortalecer el sistema judicial y promover un diálogo abierto, hemos sido testigos de un proceso atropellado que no construye una verdadera justicia para todos. Esta falta de apertura compromete no solo el presente, sino también el futuro, imponiendo un gran desafío al nuevo gobierno”, expresó.
A través de un comunicado, aseguró que con esa reforma lejos de mejorar y asegurar la independencia del Poder Judicial, lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses políticos y económicos.
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“Consideramos que es un error seguir adelante con una propuesta que en lugar de fortalecer nuestro sistema judicial, podría arriesgar su independencia y eficacia, afectando directamente la vida democrática del país. El apresuramiento para aprobar esta reforma responde más a intereses políticos inmediatos que a las verdaderas necesidades de justicia en México”, afirmó.
Precisó que los indicadores económicos son sensibles a cambios que afectan el equilibrio entre poderes, y argumentó que la pérdida de dicho equilibrio tendrá graves repercusiones en la actividad productiva del país. La incertidumbre generada por la reforma afectará la inversión nacional e internacional, la confianza de los mercados y el desarrollo de proyectos clave para nuestra economía.
“Cualquier modificación al sistema de impartición de justicia debe realizarse con plena conciencia de la división de poderes, de los efectos económicos y de los compromisos internacionales asumidos por México. Ningún país ha implementado una reforma judicial de este tipo con resultados satisfactorios. Las consecuencias serán permanentes en una sociedad que demanda una justicia más equitativa y eficiente”, enfatizó.
Aseguró que la incertidumbre generada por esa reforma ya es evidente en empresas nacionales e internacionales, que han manifestado su preocupación por el riesgo de una politización en la selección de jueces, lo que podría debilitar el Estado de derecho. Esto, además, afectaría proyectos clave para nuestra economía y, por ende, para el bienestar de todos los mexicanos.
“Es fundamental que se escuche a la sociedad y se promueva un diálogo abierto que permita construir una reforma que realmente responda a las demandas de los ciudadanos. Por ello, invitamos a los legisladores integrantes de los Congresos locales de las 32 entidades federativas a reflexionar, discutir y decidir pensando en sus ciudadanos y en la necesidad de garantizar el acceso a una justicia cotidiana. Es crucial que las decisiones que tomen aseguren la estabilidad jurídica, económica y social del país”, indicó.
mahc/apr
