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La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó cinco amparos en contra de la reforma al Poder Judicial, por irregularidades en el proceso legislativo realizado por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, informó la diputada Laura Ballesteros (MC).
“Había tres órdenes judiciales vigentes durante el proceso legislativo, y a pesar de ello, ambas Cámaras desacataron dichas resoluciones; número dos, se hizo una votación completamente irregular en este llamado gimnasio legislativo, en donde no había manera de poder verificar la veracidad de las asistencias, ni del quórum, ni de la votación; se votó a mano alzada una reforma constitucional, y los conteos de la propia secretaría, se los digo porque yo estaba sentada ahí, fueron con palitos y rayitas, eso fue lo que se hizo para acreditar una votación constitucional”, detalló.
Explicó que los amparos interpuestos por cinco diputados de MC están fundamentados en que en el Senado también se llevó a cabo una votación sin que hubiera condiciones para sesionar; “incluso, uno de nuestros senadores, en medio de una persecución política a su padre, en el Estado de Campeche”, dijo.
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Añadió que también se presentaron varias irregularidades en la aprobación que realizaron los Congresos locales, ya que se aprobó la reforma al Poder Judicial en fast track, sin que hubiera un proceso legislativo acorde.
Por su parte, el diputado Gustavo de Hoyos (MC) subrayó en que confían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la reforma judicial.
“Estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia, en su momento, va a invalidar de pleno derecho ésta mal llamada reforma judicial, y ahora los amparos que interponemos como legisladores en uso de nuestras facultades como tales, nos parece se suman justamente para evidenciar las notorias e insalvables violaciones constitucionales que tiene este ordenamiento”, comentó.
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Además de combatir las irregularidades en el procedimiento, el amparo también argumenta que la reforma constitucional es, por su mero contenido, inconstitucional e inconvencional, porque el Poder Reformador de la Constitución no es competente para anular la estructura básica del Estado mexicano, suprimir al poder judicial y eliminar de facto la división de poderes. Ningún poder está facultado para ello, señalaron.
Asimismo, el artículo 29 constitucional prevé una cláusula pétrea (que no puede ser modificada), ya que prohíbe suspender las garantías judiciales incluso durante Estados de excepción. Por ello, tampoco pueden ser suspendidas mediante reformas constitucionales.
Finalmente, porque la reforma es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales, por lo que debe declararse su inconvencionalidad (definiendo una nueva postura en la SCJN en torno a esta posibilidad), señalan los amparos interpuestos.
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