La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo a la determinación tomada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por mayoría de cuatro votos, de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación.
Además, no se estableció un diálogo con los juzgadores directamente involucrados, lo cual vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige al país.
La Jufed subrayó que la implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum al generar una crisis constitucional.
“En este contexto, quienes integramos esta Asociación, señalamos que el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar la reforma constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la División de Poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México”, resaltó la Asociación en un posicionamiento.
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Indicó que el respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones.
También expresó su profunda preocupación ante la decisión de llevar a cabo un sorteo a través de una “tómbola” para seleccionar a jueces y magistrados federales que serán sustituidos en 2025.
Consideraron que este mecanismo transgrede los derechos humanos de los juzgadores, genera una peligrosa falta de certeza y atenta contra los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional.
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La Jufed sostuvo que esta medida representa una forma inusual e inapropiada de modificar la configuración de uno de los Poderes del Estado, violando toda técnica legislativa y constitucional, y sienta un precedente peligroso para la independencia judicial.
El organismo llamó de manera urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la División de Poderes y la legalidad.
Detalló que la independencia y estabilidad del Poder Judicial son esenciales para la salud democrática de nuestro país y cualquier intento de socavarlas debe ser firmemente rechazado.
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