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Especialistas advirtieron que la reforma al sistema de pensiones presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría significar un impuesto para los empresarios y consideraron que no desactiva la bomba de tiempo que representan éstas para el país.
Coincidieron en que el gobierno de México deberá demostrar si la reforma al sistema de pensiones que reveló ayer será financieramente sostenible ante el imparable empuje demográfico y evitará provocar más desempleo e informalidad debido al encarecimiento de la contratación laboral.
El director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal, dijo que la reforma de pensiones tendrá un costo fiscal pequeño para el gobierno federal, pero podría representar un impuesto para los empresarios.
En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que no desactiva la bomba de tiempo que representa este tema y queda corta para disminuir la bola de nieve que representan todos los sistemas pensionarios.
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“Tenemos proyecciones de que el gasto de pensiones seguirá subiendo de aquí a 2035 y con incrementos grandes. Se va a seguir comiendo cada vez más espacio fiscal y esa era una ventaja de haber entrado a una reforma completa al sistema.
“No fue lo que se hizo. La reforma a las Afore tiene efectos chiquitos en el corto plazo. Eventualmente, incluso volver más accesible la pensión mínima garantizada, va a aumentar el gasto de gobierno”, dijo.
Además, explicó que en principio es un impuesto que se les pone a los empresarios, pero que terminarán pagando los trabajadores. Representa un incremento de impuesto porque la teoría económica dice que la incidencia final no se verá hasta que se ajusten los mercados, explicó.
El representante en jefe de la oficina de las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en el inglés), Alexandre Tombini, comentó que “una vez que comience la fase de recuperación se necesitarán reformas esenciales para aumentar el espacio fiscal”.
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Una sería al sistema de pensiones, que si bien no afectará el saldo fiscal a corto plazo, implica menores déficits, señaló en su participación en el ciclo de conferencias Covid-19: de la crisis a la transmisión económica, organizado por el Instituto del Banco Central del Paraguay.
La propuesta causó dudas entre especialistas latinoamericanos por reducir la cantidad de años para pensionarse e incrementar los aportes patronales y estatales.
“Los costos de esta reforma están repartidos entre los empresarios y el gobierno”, afirmó el colombiano Mauricio Olivera, presidente de 2013 a 2017 de Colpensiones, empresa estatal de pensiones de Colombia y director de Econometría Consultores, firma privada de Bogotá.
Es de esperarse que el gobierno mexicano haya calculado el impacto financiero de su iniciativa “para que sea sostenible ahora y en el futuro, teniendo en cuenta sobre todo la presión demográfica y el envejecimiento poblacional”, dijo Olivera a EL UNIVERSAL.
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“Un efecto adicional, muy probable, del aumento de las aportaciones de los empleadores, es un incremento en la informalidad y/o en el desempleo. Crecer estas aportaciones es un alza en los costos laborales, que pueden implicar menos contratación de trabajadores”, advirtió.
Es necesario que el gobierno exhiba cifras de sostenibilidad financiera a largo plazo y los efectos que el plan tendrá en informalidad laboral y desempleo, insistió.
La reforma, subrayó, va contra la tendencia de la mayoría de países de subir la edad de jubilación para lograr el soporte financiero.
Álvaro Ramos, jerarca de la (estatal) Superintendencia de Pensiones de Costa Rica de 2015 a 2020, indicó que “lo más probable sea que la reforma preservó la insostenibilidad del sistema mexicano de pensiones y la agravó a cambio de mejorar cobertura y suficiencia”, por lo que el gobierno de México deberá cerrar el faltante con recursos públicos.
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Al explicar que el análisis de pensiones se basa en cobertura, suficiencia y sostenibilidad, adujo que la reforma “claramente va orientada a los dos primeros conceptos, con el probable detrimento del tercero”.
Se mejora cobertura y suficiencia, pero es difícil creer que el sistema ahora sea más sostenible”, adujo.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró positivo el plan de reforma del gobierno y expuso que para hacerlo más integral se debe considerar la creación de un sistema nacional, establecer una sola pensión total por mexicano y optimizar el ahorro de los trabajadores, fomentando la competencia entre las Afore.
