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Los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista pidieron a los integrantes del Congreso de la Unión a que rechacen la iniciativa preferente que presentó el lunes pasado el presidente, Andrés Manuel López Obrador , para reformar la Ley de la Industria Eléctrica .
A través de un comunicado, los 10 gobernadores federalistas dijeron que este proyecto atenta contra el bienestar de los mexicanos, ya que implicará un impacto inflacionario que repercutirá directamente en los bolsillos de los ciudadanos, en su desarrollo social y económico.
“Como gobernadores, nuestra principal obligación es atender y velar por la prosperidad y calidad de vida de nuestros pueblos, de los millones de mexicanos que viven en nuestras entidades. Toda vez que la prioridad de cualquier gobierno democrático es velar por el bienestar de sus ciudadanos y no existe razón alguna para privilegiar el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad por sobre la prosperidad de los mexicanos. No hay justificación económica ni científica que sustente la iniciativa presentada. Su resultado será mermar por completo la confianza de aquellos que han decidido o ponderen invertir en nuestros estados y contribuir al desarrollo, tanto estatal como regional del país”, dijeron los gobernadores.
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Dijeron que modificar el orden del despacho, como pretende la iniciativa, incrementará el costo de la energía en la red eléctrica . Esto afectará, aún más, la economía de las familias mexicanas, así como las finanzas públicas, al hacer uso de mayores subsidios a la electricidad, lo que implicará desplazar recursos públicos y menores oportunidades en materia de salud, educación y servicios sociales, entre otros programas. Esto, además del incremento inflacionario directo en los costos de los productos y servicios que consumen los mexicanos y la pérdida en competitividad y empleos.
Dijeron también que condicionar los permisos de generación y comercialización impactará en los proyectos a futuro en nuestras entidades federativas, bloqueando la inversión, la creación de empleos y el aprovechamiento de los recursos naturales con los que contamos. Lo anterior no sólo en el sector energético, sino, probablemente, de manera transversal, en todo interés y disposición a invertir en México.
Además, consideraron que modificar la ley en materia de Certificados de Energía Limpia (CEL) forzará al país a dejar de cumplir con sus compromisos internacionales en materia ambiental y de desarrollo sostenible, dejando a México aislado de los esfuerzos mundiales por un medio ambiente sano, mientras aumenta la vulnerabilidad de los mexicanos ante los efectos del cambio climático y se violenta su derecho a la salud.
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Asimismo, opinaron que eliminar la obligatoriedad de subastas anula la posibilidad de los mexicanos a consumir energías más baratas a costa de encubrir posibles deficiencias que se potencializarían a través del monopolio estatal; aumentará la discrecionalidad y opacidad de los procesos de contratación y se abrirá la puerta a una mayor corrupción.
Dijeron que la iniciativa es contraria a la supremacía constitucional. Atenta contra los principios constitucionales de ascendencia constitucional, libre competencia y no retroactividad de la ley, lo cual destruye la seguridad jurídica y la confianza en el país, genera un escenario de incertidumbre, violenta derechos e inhibe futuras inversiones, no sólo en el sector energético, sino en todo el espectro económico.
“Es importante reiterar que el resultado de esta iniciativa será de graves afectaciones a las y los mexicanos, sin mejorar en términos reales la viabilidad de la empresa productiva del Estado. Si el objetivo es mejorar el suministro de energía y disminuir los costos, se está actuando en sentido contrario”, dijeron.
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Por lo que explicaron que es urgente convocar a todos los actores a una deliberación y análisis educado y legal en la materia. En este esfuerzo será fundamental el concurso de las entidades federativas, sobre todo de aquellas que participan de forma activa en el sector energético nacional.
“Las decisiones que se tomen deben estar basadas en criterios de competitividad, desarrollo regional y en el bienestar de nuestros ciudadanos. No sólo es necesario, es imperativo en una Federación que los gobiernos de los estados, quienes están más cercanos a conocer las necesidades de la ciudadanía, participen activamente en la toma de decisiones que impactarán a nivel local y regional su desarrollo, bienestar y futuro.
“Convocamos a las y los legisladores a rechazar la iniciativa presentada, para abrir un debate sobre modificaciones racionales y de calidad al marco jurídico, con una visión de largo aliento y alto propósito, que abone a la construcción de un verdadero federalismo energético, democrático y justo y al bienestar de las y los mexicanos”, aseguraron.
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