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Después de casi dos semanas de escuchar a distintos sectores para la elaboración de la nueva reforma educativa, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), reconoció que será complicado sistematizar todas las propuestas que se han hecho, pero aseguró que van a actuar con responsabilidad, imparcialidad y no van a estar sujetos a grupos o intereses personales ni a dogmas religiosos o ideológicos.
“Nos vamos a centrar en lo más importante, que son los niños y adolescentes, a fin de garantizarles una educación pública integral, obligatoria, gratuita, intercultural, laica e inclusiva”, dijo.
Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, manifestó que la reforma de 2013 no tuvo bondades y no sirvió ni a maestros ni a estudiantes. “Lo que se hizo no era viable, pues en las diferentes pruebas aplicadas a los alumnos no ha habido mejoras; por ello, es urgente retomar la propuesta del presidente [Andrés Manuel] López Obrador”.
Aquella reforma, consideró, se realizó con parámetros que no eran pertinentes y partió de un enfoque adversarial para los maestros. En la iniciativa enviada por el Jefe del Ejecutivo federal “no queda ni un solo renglón de la anterior, el actual es un proyecto responsable y funcional que no deja nada de 2013”.
Mencionó que la propuesta surgió de un proceso de debate que nunca había existido y las audiencias públicas son un acto de legitimidad en las que participan ciudadanos.
“Son reformas sólidas que propiciarán un sistema educativo que brindará mejor nivel de vida a los maestros, así como a la formación de alumnos”. Añadió que la iniciativa toca con amplitud el tema de formación indígena y bicultural.
Agregó que en el mediano plazo las escuelas deben aspirar a la excelencia. “Es un término que se ha cuestionado para incluirlo en el dictamen; sin embargo, el lenguaje nos pertenece a todos y va ese asunto”.
El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena, pidió mantener la obligación del Estado de garantizar el aprendizaje, porque la propuesta del Ejecutivo la reduce únicamente al acceso. “[Hace falta] reconocer y promover los derechos profesionales de los docentes con cualquier función educativa que vayan a ejercer, y asegurar una formación y acompañamiento de calidad e incluyente a todas las regiones del país, así como procesos claros, justos y transparentes de ingreso y promoción en el sistema educativo (...) Queremos docentes, no delincuentes”.
Solicitó mantener la obligación del Estado de garantizar el desarrollo integral de los niños de cero a tres años y salvaguardar la existencia de un instituto autónomo que evalúe con rigor las políticas educativas.
