La iniciativa de ley para mejorar regulación de la subcontratación (outsorcing) –que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador - plantea sancionar como evasión fiscal calificada, que se castiga hasta con nueve años de prisión, a las empresas que facturen operaciones simuladas a través de la prestación de servicios.
“Se ha identificado que las actividades delictivas por defraudación fiscal –a través de la figura de subcontratación- se ha vuelto una práctica común en México, la cual está ocasionando una disminución extraordinaria en la recaudación de los recursos del país”.
De acuerdo con la iniciativa, que difundió Presidencia, se propone establecer en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que la conducta consistente en usar esquemas simulados de prestadores de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, o realizar subcontratación de personal constituyen calificativas de la comisión del delito de defraudación fiscal y sus equiparables.
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La iniciativa también propone modificar la Ley Federal del Trabajo para incorporar sanciones de hasta 4 millones 344 mil pesos para aquellas personas físicas o morales que se beneficien de la subcontratación de personal, en contravención de lo estipulado por esa ley.
También se propinen sanciones económicas a las empresas no entreguen la información y documentación a los trabajadores sobre su contratación.
La iniciativa señala que está prohibida la subcontratación de personal, consistente en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores de otros en beneficio de otra, ello mediante la reforma al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo.
“No se considerará subcontratación de personal, la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con la autorización de la STPS para dichos efectos”.
Además se propone crear un padrón de prestadores de servicios especializados que permitirá regular a las personas físicas o morales que presten los servicios especializados.
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