La reforma al Poder Judicial no funcionará si no se le dota de un presupuesto suficiente, señalaron magistrados, jueces y especialistas que participaron en el sexto foro realizado por la Cámara de Diputados.
En el Centro Expositor Puebla, Humberto Arróniz Meza, magistrado de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Puebla, señaló que en la reforma constitucional también se deben contemplar recursos para los poderes judiciales estatales.
Asimismo, que se les brinde capacitación a aquellas personas que quieran competir por un cargo en el Poder Judicial, pero que no cuenten con una carrera judicial, planteó Raúl Juan Mendoza Unzón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California Sur.
Añadió que si no se contempla la gradualidad al elegir a ministros, magistrados y jueces por elección popular, como propone el Ejecutivo, existe riesgo para la seguridad jurídica.
En ese sentido, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y del Poder Judicial de la Ciudad de México, propuso que en la justicia local la elección por voto popular sea gradual, que la mitad de las ternas en cada elección se integre exclusivamente por mujeres, el 50% de las personas cuenten con carrera judicial, sean votadas y capacitadas previo al cargo, así como el reconocimiento legal de garantía de certeza y seguridad.
En su turno, José Faustino Arango Escámez, magistrado de circuito y visitador Judicial “A” del Consejo de la Judicatura Federal, consideró que se debe incluir un análisis de las fiscalías y los cuerpos policiacos aun cuando sean dependientes de los poderes ejecutivos.
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"No estamos cerrados a reformarnos como institución, siempre debemos mejorar y autocriticarnos, adaptarnos a los cambios sociales, solo veamos las formas, el cómo y el porqué de esta reforma”, dijo.
Susana Gabriela Camacho Maciel, consultora de México Evalúa, propuso retomar la implementación de la justicia cívica, introducir jurados para que la sociedad participe, separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales y garantizar presupuestos suficientes para los poderes judiciales estatales.
Asimismo, fortalecer la justicia estatal, un sistema anticorrupción efectivo, el proceso de designación de personas juezas y magistradas, y la organización de los concursos de oposición.
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bmc