En las últimas semanas ha tomado relevancia a nivel nacional el tema sobre la , iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de su ríspida relación con ministros, jueces y magistrados.

Cabe recordar que la iniciativa fue presentada por el presidente López Obrador el 5 de febrero del presente año, dentro de un que fue enviado al Congreso.

Este jueves, la Cámara de Diputados inició los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, con los temas "¿Qué Poder Judicial tenemos?" y "¿Qué Poder Judicial queremos?".

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Pero, para ir entendiendo qué es lo que se discutirá en estos foros regresemos al inicio: ¿Qué plantea la iniciativa de AMLO, la cual ha causado polémica?

Foto: Pixabay
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Elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces

Entre los objetivos de la iniciativa y la cual ha generado de qué hablar en los últimos meses, es que busca la elección popular de ministros, magistrados y jueces con el fin de dar legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia.

De acuerdo a la propuesta de reforma, las y los ministros de la magistrados de los tribunales Electoral y de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.

  • Poder Ejecutivo propondrá 10 candidaturas.
  • Poder Legislativo propondrá 5 candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada.
  • Poder Judicial Propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos.

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El Senado será el encargado de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley. Y el Instituto de Elecciones y Consultas serán quienes organicen la elección.

Además, las campañas durarán 60 días y no se permitirá el financiamiento público o privado.

Las y los candidatos tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir propuestas y podrán participar en foros de debate.

El resolverá las impugnaciones y declarará los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, cuya resolución corresponderá a la Suprema Corte.

En caso de la ausencia definitiva de ministros, magistrados o jueces, será el Senado quien designe a una persona interina para ocupar el cargo hasta que se realice la siguiente elección ordinaria.

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Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En este apartado se busca reducir el número de ministras y ministros de 11 a nueve integrantes, así como su periodo en el cargo, que pasaría de 15 a 12 años.

También plantea la eliminación de las dos Salas, la primera que responde a asuntos civiles y penales, y la segunda que lleva temas administrativos y laborales. Con el fin de que la Corte sólo sesione en Pleno y de manera pública.

Respecto a temas económicos, busca eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras. Además, de que sus remuneraciones no deberán superar a los que gane el Presidente de la República.

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Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal

La iniciativa de reforma también plantea sustituir el actual Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano administrativo judicial y la creación de un tribunal de disciplina judicial.

El órgano de administrativo judicial estará integrado por 5 personas designadas por los Poderes de la Unión para un periodo de 6 años. Y será responsable de funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno; así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

Mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial, también será integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional para un periodo de 6 años.

Este órgano podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia.

Las sanciones que podrá imponer son amonestaciones, multas, suspensiones o destituciones. Además, podrá dar vista al Ministerio Público en el caso de delitos, o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión.

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Consejo de la Judicatura Federal. Foto: Archivo
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Nuevas reglas procesales

De acuerdo a la iniciativa, se establece la creación de cuatro nuevas reglas procesales.

  • Justicia expedita: Se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora.
  • Suspensiones: Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
  • Justicia local: Los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.
  • Fideicomisos del Poder Judicial: Una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones paras el Bienestar. Se respetan los derechos y prestaciones de los trabajadores.
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