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Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces y abogados, expuso que la reforma del Poder Judicial puede socavar la independencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en caso de ser promulgada sin modificaciones sustanciales.
Dijo que facultar al Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar a jueces, basándose en criterios vagos, “cuando sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia, así como asuntos determinados por la ley”, es contraria a los estándares internacionales.
La imposibilidad de que un juez apele las decisiones del tribunal de disciplina judicial violaría el derecho a un juicio justo y es contrario a las normas pertinentes, consideró. “Con relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el presidente López Obrador ante la Cámara de Diputados, considero que podrían socavar la independencia de la Judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de México, en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales”, aseguró Satterthwaite.
Recordó que uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al que podría amenazar tales garantías.
Asimismo, destacó que la elección popular de todos los jueces y la eliminación del CJF no cuenta con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña.
“La elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, recalcó la especialista.
Las dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una Judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad.
Satterthwaite indicó que la remoción anticipada de todos los jueces en funciones, una vez que los nuevos sean electos, representaría una clara violación de la permanencia en el cargo judicial.
Ante la imposición de prohibir que realicen sus funciones durante los dos años siguientes a su remoción, también atenta contra sus derechos laborales y el de recibir una pensión.
La relatora especial de la ONU compartió que el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación sobre la falta de seguridad en el cargo judicial, creada por mandatos judiciales cortos o legislación que permite la destitución de jueces por razones que podrían ser manipuladas políticamente
Agregó que la reducción de 11 a nueve ministros de la SCJN podría afectar la estabilidad y continuidad del trabajo judicial.
