De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial Federal (PJF), la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador a este organismo no ayudaría a acelerar la resolución de los casos en seis meses, como lo plantea, pues no propone una solución a la carga de trabajo anual que tienen cada año Juzgados Ordinarios de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación.
El órgano jurisdiccional en 2023 documentó un millón 474 mil 355 asuntos, mientras el número de titulares fue de mil 237 y al final de 2026, que es hasta donde se puede tener una proyección segura, deberían atender 2 millones 34 mil 77 asuntos con el mismo número de titulares.
Es decir, pasaría de mil 192 asuntos que atienden actualmente cada uno de los servidores públicos a mil 644 en 2026, que representa 38% más, esta situación se traduciría en un rezago que impactaría a los justiciables.
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Fuentes judiciales refieren a EL UNIVERSAL que la propuesta del gobierno federal es un modelo rígido, que prioriza el calendario electoral a la demanda de justicia, porque establece que las elecciones para cubrir las vacantes de los órganos jurisdiccionales deben ser concurrentes con las de otros cargos de elección popular.
La propuesta de reforma contempla establecer un máximo de seis meses, es decir 186 días, para resolver sobre asuntos de naturaleza administrativa o judicial y cuatro meses, que comprende 124 días, a asuntos de naturaleza penal.
Esto sin considerar que la duración de los procedimientos depende tanto de los plazos procesales, características particulares como tipo de asunto, número de partes involucradas, autoridades responsables y actos reclamados y tipo de delitos.
Por ejemplo, un Juzgado de Distrito con procesos penales federales, la duración promedio es de 803 días, representa 26 meses; en el caso de un Tribunal Colegiado de Circuito, un amparo directo tiene una duración aproximadamente de 211 días, es decir siete meses.
Además de factores externos como estrategia de litigio que puede traducirse en un número de recursos que alargan el procedimiento, el caso de notificaciones recurrentes, domicilios imprecisos que ocasionan retraso en la actividad.
Las estadísticas resaltan que la demanda de justicia, que es el número de asuntos que ingresan al organismo jurisdiccional en los últimos nueve años, documenta un crecimiento de 43.6%, mientras que el número de juzgados y tribunales aumentó 20.3%.
En el ámbito de la carrera judicial, los jueces y magistrados se iniciaron desde el cargo de oficial judicial. Transcurrieron entre 12 y 15 años para que fueran designados jueces, después de haber concluido el proceso de selección y exámenes.
De acuerdo con trabajadores del PJF, la carrera judicial va a desaparecer con la reforma. Actualmente los objetivos son garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos que forman parte de ella.
También propicia la permanencia, crecimiento de sus integrantes, con base en expectativas de desarrollo personal y contribuye a la eficacia de impartición de justicia.
La carrera judicial se integra por oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado.
En tanto, los órganos jurisdiccionales, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuentan con 932 en 77 ciudades o municipios de las 32 entidades federativas.
Los juzgados, centros de justicia y tribunales resuelvan sobre la aplicación de normas o leyes, abusos de autoridades y revisión de resoluciones finales de asuntos del fuero común, (autoridades locales, incluidos los poderes judiciales de las entidades federativas) y federal.
Así como resolver asuntos penales, laborales, civiles, administrativos, mercantiles del orden federal, contradicciones de criterios de resolución y conflictos competenciales.