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El Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá utilizar algoritmos o tecnologías automatizadas para suspender cuentas o eliminar contenidos de las redes sociales; y deberá contar con un área especializada en derechos humanos y libertad de expresión, detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.
Durante la inauguración del Foro sobre el Proyecto de Iniciativa de Ley para Regular las Redes Sociales, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado mexicano, el legislador adelantó que buscará que las empresas propietarias de las redes sociales estén obligadas a acatar las resoluciones del IFT que podrá dictaminar sus resoluciones a través de un procedimiento abreviado.
También, su iniciativa propone dar al IFT un número específico de días naturales para emitir lineamientos y sanciones como órgano autónomo.
“Los propietarios de redes tienen que acatar las decisiones en el caso de suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos. Se establece un procedimiento abreviado, por el cual un órgano autónomo, en este caso el IFT, atenderá las quejas presentadas para las personas usuarias y contra esta resolución procederá el juicio de amparo”, dijo.
En la iniciativa, que no ha presentado formalmente, se darán a conocer los mecanismos a través de los cuales, el IFT generará los mecanismos para expedir y recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión o cancelación definitiva de cuentas o perfiles, así como la eliminación de contenidos.
“Las autoridades podrán utilizar algoritmos o tecnologías automatizadas para el efecto de suspender cuentas o eliminar contenidos para el supuesto de cancelación definitiva de cuentas o perfiles, el autorizado deberá contar con un área de especialistas de derechos humanos y libertad de expresión”.
Destacó que México es uno de los países de habla hispana que mayor uso hace de las redes sociales puesto que de sus 131 millones de habitantes, 67% son usuarios activos.
Es decir, 88 millones de personas. La plataforma con más usuarios es YouTube, en donde interactúan 86 millones de personas; mientras que Facebook ocupa el segundo puesto, con 84.9 millones; Instagram, por su parte, cuenta con 29.5 millones; y usuarios de LinkedIn con 13.1, y Twitter con 9.4 millones.
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Señaló que a pesar de que las redes sociales tienen herramientas para denunciar contenidos y suspender publicaciones o cuentas que promuevan expresiones de odio, mensajes discriminatorios o racistas, acoso e inclusive delitos como pornografía infantil o trata de personas; esos mecanismos no se encuentran regulados ni están construidos bajo esquemas de salvaguarda para la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas usuarias.
Durante el foro virtual, especialistas lamentaron que la iniciativa “no es amigable” con internet, que es falso que la red de redes, así como las redes sociales no estén reguladas y que con la intervención del Estado en esta regulación se está condicionando el ejercicio de la libertad de expresión.
“Estaríamos hablando de una legislación que no es amigable a internet, eso no quiere decir que no puedan mejorarse y que no se puedan buscar los medios de un proceso abierto y diverso”, comentó León Felipe Sánchez de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés).
“Es importante hacer énfasis en que Internet ya está regulado, no es cuestión de que no le puedes mover nada. Ya está regulado, lo hemos hecho. Revisar el marco legal para estar conscientes de dónde ya está regulado y no duplicar regulaciones cuando estamos hablando de derechos de usuarios digitales eso ya está consignado. Habría que ver cómo implementar en el ámbito digital esos derechos”.
Mientras que Jorge Fernando Negrete Pacheco, de la organización Política y Legislación Digital (Digital Policy and Law, en inglés) insistió en que la libertad de expresión no debe condicionarse a la autoridad; que la ausencia de política pública y estrategia digital del gobierno federal en la materia visibiliza un “catastrófico desconocimiento” del tema.
“Ninguna ley puede establecer previa censura, el Estado debe intervenir pero estamos equivocando el enfoque porque afectamos a todos los demás derechos humanos”, dijo.
kl
